MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos Acaip-UGT y CSIF han reiterado este viernes la petición de dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y de la dirección de la cárcel de Villena (Alicante) tras la detención "sin precedentes" de la subdirectora de seguridad detenida por simular amenazas y agresiones. También quieren que se levante la suspensión de empleo y sueldo para dos de los tres trabajadores expedientados.
"Estamos sorprendidos y avergonzados", han señalado en rueda de prensa el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, y el portavoz de CSIF, Jorge Vilas. Ambos protagonizaron hace tres días un encierro en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como medida para reclamar mejoras para los trabajadores.
La rueda de prensa se ha centrado en pedir que se levante de inmediato el expediente de suspensión de empleo y sueldo para tres funcionarios de prisiones que redujeron en agosto a un preso en Villena con problemas mentales, dando paso a una investigación por posible exceso de fuerza.
Días después, la subdirectora de seguridad, responsable de la custodia de las grabaciones de las cámaras internas donde se veía la intervención de los funcionarios, denunció amenazas relacionadas con presiones de los trabajadores para que "cerrara la boca". Las mismas llegaron, según ella, a su teléfono móvil, y luego sufrió una agresión de encapuchados a la salida de su domicilio.
"SIN UNA SOLA PRUEBA OBJETIVA"
"Sin una sola prueba objetiva de la agresión, se suspendió provisionalmente a dos de los tres funcionarios", han denunciado los sindicatos, calificando la actuación sancionadora hacia los trabajadores de la reducción del interno de "impresentable" y "barbaridad". En este sentido, se quejan de la "deriva" en la institución y de decisiones como que la inspección penitenciaria la conformen cargos de libre designación nombrados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Tras el cese de la subdirectora, fuentes de Instituciones Penitenciarias señalaron ayer a Europa Press que los tres expedientes disciplinarios contra los trabajadores actuantes, dos de ellos con suspensión de empleo y sueldo, se mantienen abiertos a la espera de la resolución judicial, ya que la reducción presuntamente violenta del interno con problemas de salud mental es independiente del caso judicial por la denuncia falsa de la subdirectora de Villena.
Estas fuentes añadieron que en la argumentación para la suspensión del empleo y sueldo de los trabajadores se recogió tanto la información recabada por la reducción presuntamente violenta de los funcionarios --reflejada en las cámaras internas-- como, en un segundo punto, la denuncia de amenazas de la subdirectora que ahora ha sido suspendida del cargo por la falsedad de su testimonio.
El expediente contra los trabajadores suspendidos de empleo y sueldo, por tanto, se puede someter a modificación cuando haya confirmación judicial de la falsedad de la denuncia.
EN CONFLICTO COLECTIVO
Los sindicatos se quejan del diferente trato que reciben los mandos en las prisiones con los trabajadores que sufren agresiones, recordando que el responsable de Instituciones Penitenciarias y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se manifestaron apoyando a la subdirectora de seguridad de Villena, a la que reconocieron como una "verdadera funcionaria".
Entre sus quejas se incluye que se filtrara el vídeo de la reducción de un preso con un problema de salud mental que luego protagonizó en la cárcel de Cuenca otro incidente, cortando con un cristal el cuello de un trabajador, un hecho que, según han adelantado, se investigará como un intento de homicidio.
En su repaso a la "deriva" de Instituciones Penitenciarias han citado la política de "buenismo" con los presos, mencionando el tercer grado para el detenido por el crimen de un niño en Lardero (La Rioja).
El pasado 20 de septiembre ambas organizaciones declararon el conflicto colectivo, solicitando la intermediación del ministro Fernando Grande-Marlaska. Demandan una mejor retribución adecuada y la reclasificación de los centros, así como la declaración de agentes de autoridad.
Hace unos días, precisamente, valoraron positivamente que se registrara una enmienda de PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Seguridad Ciudadana para reconocer esto último, aunque recordando que lo que esperan es la aprobación de la nueva ley de cuerpos.
