MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta Electoral Central ha dado por válidas las firmas recogidas en los últimos meses por el colectivo Justicia Salarial Policial (JUSAPOL) para respaldar su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a regular la equiparación salarial entre los distintos cuerpos de seguridad, con lo que ya tiene vía libre para su tramitación en el Congreso.
En una comunicación remitida a JUSAPOL, que agrupa a agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, la Junta Electoral Central certifica que se ha superado el mínimo de las 500.000 firmas necesarias para poder llevar al Congreso una ILP.
Ahora la Mesa del Congreso deberá ordenar la publicación de la proposición de ley en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG)y la enviará al Gobierno, que conforme a la Constitución tiene un mes de plazo para decidir si da su conformidad al debate o si opta por vetarla al considerar que altera su política presupuestaria.
SORTEAR EL VETO DEL GOBIERNO
Desde JUSAPOL entienden que el Gobierno no tendrá in conveniente en que se debata la ILP ya que en su momento se comprometió con los sindicatos y asociaciones representativas de la Policía Nacional y Guardia Civil a elaborar una ley de equiparación salarial. De hecho, en el proyecto de Presupuestos Generales de 2018 ya se plantea una partida para ese objetivo.
Si se supera el veto del Gobierno, la iniciativa deberá someterse en el plazo de seis meses a un primer debate en Pleno del Congreso donde se decidirá si se toma o no en consideración la proposición de ley. Eso sitúa la votación antes de final de año, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Según la ley, la tramitación parlamentaria de las ILP se efectúa conforme al procedimiento habitual en el Congreso para las proposiciones de ley, con el añadido de que, antes de esa votación, una persona de la Comisión Promotora de la recogida de firmas será llamada a comparecer en comisión para explicar los motivos de la iniciativa ante los grupos parlamentarios.
Por último, la legislación establece una compensación de hasta 300.000 euros por los gastos, debidamente justificados, de la campaña de recogidas de firmas. JUSAPOL ha prometido transparencia y hacer público el destino de los euros gastados, justificados y abonados.
