MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
Vox ha propuesto formalmente en las Cortes Generales la supresión de las subvenciones publicas a los partidos, incluyendo las que se pagan para afrontar gastos de campaña, con el fin de que toda financiación de las formaciones políticas provenga de particulares y ya no sea necesario que sus cuentas sean revisadas cada año por el Tribunal de Cuentas.
Así lo recoge en sus propuestas de resolución sobre el informe del Tribunal de Cuentas relativo al año 2016, que se someterán a votación próximamente en la Comisión Mixta (Congreso-Senado).
En concreto, y según el texto recogido por Europa Press, Vox quiere que el Parlamento inste al Gobierno a presentar sendas reformas de la Ley Electoral y de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos con el fin de "eliminar las subvenciones públicas a los partidos políticos, fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos".
55 MILLONES EN 2022 SOLO EN SUBVENCIONES ANUALES
Los partidos políticos con representación parlamentaria reciben cada año subvenciones para su funcionamiento ordinario y para inversiones destinadas a cubrir gastos frente a la amenaza terrorista. Para este año, y según los Presupuestos Generales en curso, se prevé repartir alrededor de 55 millones de euros (52,7 millones para funcionamiento ordinario y 2,70 para gastos de seguridad).
Vox pretende acabar con esos dos tipos de subvenciones anuales, pero también quiere eliminar las otorgadas para costear gastos electorales en cada proceso electoral.
Su objetivo es que se promueva y facilite la financiación privada de los partidos y sus fundaciones, garantizando la transparencia pública de las aportaciones recibidas. Y en ese contexto, entiende que ya no sería preciso que el Tribunal de Cuentas examine la contabilidad de los partidos.
Por ello, en sus propuestas Vox también pide que el Tribunal de Cuentas cuantifique los costes de las subvenciones públicas que reciben los partidos para determinar el ahorro que supondría para el Estado, y que calcule la reducción de costes que supondría para la institución dejar de examinar los estados contables de las formaciones políticas.
