MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Vox va a aprovechar el Pleno de control al Gobierno del miércoles en el Congreso para pedirle cuentas por sus medidas destinadas a detectar bulos y campañas de desinformación en las redes sociales y forzará una votación al respecto más adelante.
Con este objetivo, el partido de Santiago Abascal ha registrado una interpelación, que tendrá que ser respondida por el ministro que elija el Ejecutivo, en la que será la segunda sesión de control desde que estalló la crisis del coronavirus.
En principio, Vox apunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, puesto que lo que demanda es que el Ejecutivo explique todas "las medidas que está ejecutando con afectación de derechos y libertades fundamentales" pero, con especial atención, a las anunciadas por su ministerio "para controlar la libre circulación de información y opinión en las redes sociales".
El pasado fin de semana, Grande-Marlaska informó de que están haciendo un seguimiento de las redes sociales para detectar posibles "campañas de desinformación" y "comprobar algunos discursos que puedan ser peligrosos o delictivos".
De su lado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha planteado la oportunidad de revisar los instrumentos legales con los que se cuenta en la actualidad para impedir los bulos "o al menos para no se vayan de rositas lo que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna".
DENUNCIA DEL PSOE CONTRA VOX
De momento el Gobierno no ha ido más allá pero los dos partidos que lo conforman sí lo han hecho. Ambas formaciones han recurrido a la vía judicial para perseguir lo que consideran bulos contra el Ejecutivo, que juzgan especialmente graves en plena pandemia de coronavirus.
El primero en recurrir a la vía judicial fue Unidas Podemos, que el pasado 6 de abril pidió a Fiscalía que investigase la existencia de una "organización criminal" que, según sus sospechas, difunde ciberbulos contra el Gobierno.
De su lado, el PSOE ha optado por denunciar directamente a Vox ante la Fiscalía por utilizar las redes sociales para lanzar bulos con intención de "crear una sensación de inseguridad, miedo y desconfianza" en la ciudadanía "alterando" la ya "afectada tranquilidad" de unos ciudadanos obligados a estar confinados en sus casas por una pandemia mundial.
