MADRID, 22 Abr. (OTR/PRESS) -
El último "espectáculo" que ha dado la Justicia a cuenta de la puesta en libertad del etarra Troitiño cuando todavía le quedaban por cumplir seis años del máximo de treinta que se le podía imponer con arreglo al anterior Código Penal por un total de veintidós asesinatos -¡qué barato sale a un terrorista asesinar en España!- para luego tener que revocar esa decisión y decretar la detención del citado terrorista que, por supuesto, en este lapsus de tiempo ha puesto pies en polvorosa, es de los que provocan en los ciudadanos alarma, hastío y una desconfianza total en las Instituciones.
No es tolerable ese tipo de actuaciones judiciales, sea la culpa de quién sea -Tribunal Supremo o Audiencia Nacional-, que desgastan enormemente a nuestras Instituciones, que crean alarma social, que suponen una afrenta a las víctimas del terrorismo y que, reitero, provocan una pérdida de confianza en uno de los poderes básicos del Estado como es la Justicia.
Junto a este grave hecho, estos días pende la amenaza de que ETA se cuele en las elecciones municipales del próximo 22 de mayo a través de la coalición Bildu, formada por dos partidos legales -EA y Alternativa, una escisión de Izquierda Unida- y supuestos "independientes" que son los que atraerían el voto de ese mundo de ETA que otros llaman izquierda abertzale. Resulta evidente que Bildu es el plan "b" de ETA para estar en esas elecciones y ahora sólo cabe esperar que los informes policiales tengan la claridad y contundencia necesaria para que tras la previsible impugnación de las listas de esa coalición por parte de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado, el Tribunal Supremo decida la no admisión de las mismas.
Porque si el objetivo de ETA es estar en los Ayuntamientos vascos y navarros ya que necesita dos cosas muy importantes, dinero y poder, el de los demócratas es justamente el contrario: impedir que puedan estar, o mejor dicho, seguir en las Instituciones, ya que hace cuatro años, con la necesaria complicidad del Presidente del Gobierno y del Fiscal General del Estado, ETA se coló en 43 Ayuntamientos del País Vasco y de Navarra bajo las siglas de ANV. Entonces se argumentó por parte del Gobierno, para justificar que no se impugnaran todas las listas, que no todas estaban contaminadas. Argumento que posteriormente fue desmontado por el propio Tribunal Supremo al decir que ANV era una continuidad de Batasuna y el instrumento elegido por ETA para colarse en las Instituciones. Igual que ahora Bildu. ¿Habrá la suficiente voluntad política por parte del Gobierno para no volver a caer en ese error? ¿O hay alguna circunstancia que no conocemos los ciudadanos que puede llevar al Gobierno a aparentar como que hace, pero al final no conseguir el objetivo de que ETA no se cuele?
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