MADRID, 6 Dic. (OTR/PRESS) -
Este viernes se cumplirá el treinta y cinco aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución española. Aquel 6 de diciembre de 1978, 15.706.078 ciudadanos votaron a favor del texto constitucional que previamente había salido adelante en las Cortes Generales con el apoyo de prácticamente todas las fuerzas políticas, y 1.400.505 lo hicieron en contra. El resultado del referéndum puso muy a las claras que una inmensa mayoría de españoles querían emprender el camino de la democracia desde el consenso y apoyando con su voto las normas básicas de convivencia y las reglas de juego, que eso es y no otra cosa el texto constitucional. El resultado de todo ese proceso fue una transición política modélica, un ejercicio de reconciliación entre españoles, tras una guerra civil y un periodo de cuarenta años de dictadura.
Treinta y cinco años después, algunas voces, cualificadas la mayor parte de ellas, plantean la necesidad de proceder a su reforma. Desde un punto de vista teórico, no cabe hacer ningún reproche a esa petición, porque cualquier texto legal es de por sí modificable y nuestra Carta Magna no es una excepción a esa regla. Sin embargo, la cuestión relevante no es esa, sino mas bien, para qué, por qué, en qué dirección se quiere modificar y también, quién quiere hacerlo.
No es lo mismo, por ejemplo, modificar el artículo de la Constitución que hace referencia a los derechos dinásticos, para igualar en la línea sucesoria al varón con la mujer, que proponer un cambio que afecte a cuestiones tan esenciales como la unidad de España, la soberanía nacional o el modelo de Estado consagrado en el texto constitucional. El pulso soberanista planteado con toda crudeza desde la Generalitat de Cataluña por Artur Mas y su socio Esquerra Republicana ha llevado a algunos responsables políticos o a partidos como el PSOE a solicitar un cambio en la Constitución para avanzar hacia un modelo federal y de esa manera buscar un encaje mas cómodo de Cataluña en España.
No creo que sea buena cosa plantearse cambios constitucionales como consecuencia de una exigencia de los nacionalismos catalán, vasco o de cualquier otro lugar, porque lo que esos nacionalismos llevan en su ADN ideológico es el independentismo, es decir, la ruptura con España. Y si esos nacionalismos aceptaron hace treinta y cinco años las reglas del juego y se han estado beneficiando durante todo ese tiempo de las ventajas, también de las de tipo económico, que conllevaba pertenecer a un proyecto común llamado España, lo que no pueden pretender ahora es que se les abra la puerta para que se vayan sin más, y sin que el resto de los que han convivido con ellos puedan también participar en esa decisión.
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