MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) anunció hoy el recurso presentado contra la Administración del Estado, "por no acatar lo dispuesto por el Tribunal Supremo y discriminar a los alumnos de colegios privados en las ayudas concedidas para la compra de libros de texto y material didáctico e informático". Asimismo, denunció que "en un país en el que los padres tienen derecho a la libre elección de centro, no siempre pueden ejercerla".
En este sentido, subrayó que el Gobierno "ha eludido el cumplimiento del Fallo del Supremo", que declaró 'nula de pleno derecho' la limitación de las ventajas a los centros públicos y concertados. "Si esto queda así de nada sirve la Justicia, porque resulta que hablamos del máximo órgano judicial, cuyas sentencias no puede pasar por alto el Estado, que se supone que es el mayor garante de la Justicia", criticó la presidenta de la federación, Eva Holgado.
No obstante, confía en que el asunto acabe por resolverse y que el Supremo "reconozca la nulidad de esta convocatoria y obligue a la Administración a la convocatoria de nuevas ayudas, sin limitaciones por el tipo de centro". Para la entidad, "no se puede discriminar a los alumnos, en función de la titularidad del centro en el que estudian, en un país en el que los padres tienen derecho a escoger libremente el tipo de educación que quieren que sus hijos reciban".
"Es injusto pensar que todo el que lleva a sus hijos a un centro privado tiene mucho dinero y no es merecedor de una beca, porque para eso están los baremos y los niveles de renta que, si son per cápita, permiten ver cuál es la situación socioeconómica de la familia y aplicar la justicia social", denunció Holgado.
Así, explicó que muchas familias que no obtienen plaza en un centro concertado y recurren a un centro privado con un importante esfuerzo económico y "apoyándose en ayudas para estudios o subvenciones de los propios colegios". "Lo peor en este caso ha sido que todas estas familias no han tenido la oportunidad de hacerlo, porque no han podido solicitar las ayudas. Es una clarísima discriminación, como ya declaró el Supremo y que indudablemente volverá a declarar", concluyó la presidenta.
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