MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción insta al Gobierno y en particular a los Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se oponga a la renovación del glifosato e implante políticas para reducir la exposición a este químico tóxico, pues "los derechos humanos y del medio ambiente deben primar a los intereses de la industria".
La ONG forma parte de la coalición europea 'Prohibir el glifosato' ha rechazado la decisión de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) de no clasificar el glifosato como una sustancia "carcinógena, mutagénica o reprotóxica" e ignorar las recomendaciones de la ciencia y la legislación de la Unión Europea.
La ECHA ha acordado mantener la clasificación actual del glifosato como tóxico para la vida acuática, pero sin clasificarlo como carcinógeno, a pesar de que las pruebas científicas del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial para la Salud (OMS), que clasificó el glifosato como "probablemente carcinógeno para los humanos".
Así, la coalición 'Prohibir el glifosato' rechaza que la ECHA haya concluido que las pruebas científicas disponibles "no cumplían los criterios para clasificar el glifosato por su toxicidad en órganos diana específicos, o como sustancia carcinógena, mutagénica o reprotóxica".
En ese sentido, recuerda que el Comité de Evaluación de Riesgos (RAC) de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) clasificó una vez más el glifosato como una sustancia que causa graves daños oculares y que es tóxica para la vida acuática con efectos duraderos, pero la ECHA volvió a descartar las sólidas pruebas existentes para clasificar el glifosato como presunto carcinógeno humano (categoría 1B según el reglamento CLP de la UE).
El toxicólogo y miembro de la coalición Peter Clausing ve "triste" que la ECHA ha repetido "obviamente su mala conducta científica de 2017" porque para llegar a su conclusión tuvo que "descartar los hallazgos tumorales" observados en cinco ratones y siete estudios de carcinogenicidad en ratas.
De ese modo, denuncia que, al hacerlo, la ECHA no solo violó las buenas prácticas científicas, sino también sus propias directrices e incluso la normativa europea, "como se demuestra en varios artículos revisados por pares".
En España se comercializaron 13.000 toneladas de plaguicida de uso agrario en 2020 y parte de ese plaguicida terminó en el medio ambiente, contaminando el suelo, el aire y los ecosistemas acuáticos.
