MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Asociaciones de víctimas de abusos se han reunido este miércoles con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y le han propuesto instaurar un estatuto de la víctima. Así lo han planteado la Asociación Infancia Robada (ANIR), la asociación contra abusos sexuales en la infancia Lulacris y la Asociación de Víctimas de Abusos (AVA).
Según han indicado a Europa Press fuentes de las asociaciones participantes en la reunión, ha sido un encuentro "muy propositivo y positivo" y de momento ambas partes están de acuerdo en instaurar un estatuto de la víctima.
"Nosotros hemos entregado el nuestro y a través del estatuto de la víctima también podemos seguir trabajando", han explicado.
Así, han señalado que, donde han estado muy de acuerdo es "en el reconocimiento a nivel público y estatal de todas las víctimas de violencia contra la infancia, también en su reparación, en sus medidas de acompañamiento, tanto a nivel sanitario, como educativo, como de asuntos sociales, como a nivel de trato cuando se hace la denuncia en los juzgados".
Además, durante el encuentro, han acordado "trabajar juntos, coordinados", para poder "seguir avanzando" en el desarrollo de la Ley orgánica de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI).
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia ha agradecido a las víctimas de abusos que han contado su testimonio y ha dicho que "escuchar y reparar es una obligación". Por ello, ha asegurado que trabajan en la ampliación de la LOPIVI, para garantizar la protección de niños y niñas ante cualquier tipo de violencia.
En su cuenta de la red social Bluesky, Rego ha recordado uno de los testimonios: "Me pregunto cómo sería mi vida si esto no me hubiera pasado. Tuve que irme de casa a los 19 y encontrar un trabajo donde también me dieran techo". Estas historias, según ha indicado, "muestran cómo los abusos dejan cicatrices que afectan a cada aspecto de la vida".
La LOPIVI, que entró en vigor en junio de 2021, aumentó el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, de forma que este empieza a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 35 años, y no 18 como ocurría antes, y creó una nueva figura en los colegios, la del 'coordinador de bienestar y protección'. Asimismo, estableció la obligación de la especialización de los juzgados.
Igualmente, la ley incorporó el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; estableció la obligación para los centros de menores tutelados de fijar protocolos para prevenir los casos de abusos, y abordó el problema de la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet, entre otras medidas.