MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Iglesia católica española está dispuesta a devolver los bienes inmatriculados "que no le correspondan" siempre que se revisen "uno a uno", según ha manifestado el vicesecretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Gimenez Barriocanal.
"La Iglesia está dispuesta a que todo lo que no le corresponda deje de estar donde está pero demostrémoslo uno a uno", ha planteado Gimenez Barriocanal, remarcando que no quieren "privilegios".
Así lo ha asegurado este lunes en una mesa redonda, en el marco de unas Jornadas sobre inmatriculaciones organizadas por Redes Cristianas, que integra a 200 grupos, comunidades y movimientos católicos de base de toda España, para exigir a la Iglesia que devuelva los bienes inmatriculados ya que consideran que es algo "inconstitucional" y "contrario al Evangelio".
En el debate, Barriocanal ha intercambiado sus opiniones con el subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera, y el portavoz de la plataforma Recuperando, Antonio Manuel Rodríguez.
Por parte del Gobierno, Alberto Herrera ha asegurado que los trabajos con la Iglesia sobre inmatriculaciones no están zanjados sino que "continúan" y se ha comprometido a recibir y escuchar a la plataforma que pide desinmatricular todos los bienes.
En todo caso, el subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha aclarado que el Gobierno no puede declarar inconstitucionales todas las inmatriculaciones por medio de un reglamento.
Además, sobre la derogación de los Acuerdos Iglesia-Estado, ha precisado que "no es una cuestión sencilla ni exenta de complejidad".
Mientras tanto, desde la plataforma Recuperando, Antonio Manuel Rodríguez, ha tachado de "escándalo" las inmatriculaciones que, según sus datos, ascienden a 100.000 en todo el Estado, y ha pedido al Gobierno que "declare la inconstitucionalidad de todos los bienes inmatriculados".
"Es un escándalo", ha valorado, al tiempo que ha propuesto dar un plazo de uno o dos años a la Iglesia para que regularice los bienes que pueda acreditar que le pertenecen.
Según ha indicado, "más del 80% del patrimonio histórico del Estado está a nombre de la Iglesia" y ha subrayado que esos bienes "deberían ser de dominio público".
