MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha afirmado que el Pacto de Migración y Asilo acordado por la Unión Europea, que permite a un gobierno rechazar la acogida de migrantes a cambio de una penalización de 20.000 euros por persona, "suena un poco a mercantilismo".
"Así, de entrada, no he leído el texto de la ley, pero me suena un poco a mercantilismo", ha manifestado García Magán en una entrevista con Europa Press, preguntado por esta medida contemplada en el Pacto de Migración y Asilo acordado este miércoles.
A su juicio, el tema de la migración es "muy delicado" porque toca "derechos fundamentales" como es "el derecho a una vida digna, el derecho a una existencia en seguridad, el derecho a tener lo básico para sobrevivir, comida, casa, sanidad, educación".
"Y lamentablemente, en no pocas latitudes de nuestro planeta Tierra, en esos países, no se cumplen esas condiciones. Entonces, yo creo, si cada uno de nosotros, ahora que estamos en tiempo navideño, nos pusiéramos la mano sobre el corazón y dijéramos, si nuestra familia estuviera en esas condiciones, ¿tú no buscarías un futuro mejor para tu familia?", ha planteado.
Además, ha apostado por "perseguir a las mafias" y luchar contra la trata de personas. "Es impresionante cuando se oyen los testimonios de los propios inmigrantes, hombres y mujeres, cómo han llegado, o que se han muerto por el camino, engañados, violados y violadas", ha subrayado, añadiendo que, como dice el Papa, "el Mediterráneo es una gran tumba colectiva".
Por ello, ha subrayado que "la Unión Europea tiene que ser consciente de que estamos ante un problema global, y entonces tiene que haber una implicación conjunta, de compromiso y de solidaridad".
"No es solamente un problema de los países ribereños del Mediterráneo, de Portugal, de España, de Italia o de Grecia, donde llegan los emigrantes, o de los que son de la frontera por el este. Es porque se presenta a Europa como la tierra prometida en la que quieren venir y tiene que haber una solidaridad entre estados", ha añadido.
Igualmente, ha subrayado la importancia de "la cooperación internacional, la ayuda en origen" para "favorecer allí unas condiciones que favorezcan el bien común de las personas".
En la misma línea, los obispos de la Subcomisión Episcopal de Migraciones y Movilidad humana han emitido un comunicado en el que expresan su "decepción ante una oportunidad perdida" para mejorar políticas y leyes vigentes respecto a la acogida y protección de migrantes y refugiados en Europa.
"No encontramos en el texto un Pacto con una visión integral centrada en la persona y el bien común, sino un pacto para el control y la externalización de las fronteras", advierten.
En concreto, tachan de "preocupantes" los medios y prácticas que recoge como: "permitir la detención de niños a partir de los 6 años, acelerar los procedimientos de asilo en detrimento del análisis profundo de cada solicitud, permitir una solidaridad a la carta entre países o reforzar los sistemas de identificación con datos biométricos".
También critican la "confusión en el uso de conceptos jurídicos indeterminados como 'crisis' o 'instrumentalización' que pueden suponer una utilización interesada de los mismos, destinar dinero a gobiernos de terceros países sin garantías de que en ellos se respeten los derechos humanos".
Además, lamentan que no se han abordado con rigor a nivel de la UE las alternativas que, tanto la Iglesia como tantos otros actores sociales, vienen promoviendo.
"En lugar de excusarse en el 'efecto llamada', contribuir a evitar las guerras y hambrunas promoviendo el desarrollo de las poblaciones locales y así poner el foco sobre los 'efectos salida'. En lugar de agitar el miedo al migrante con fines electoralistas, desmontarlo con la verdad y apelando a valores humanos o religiosos. En lugar de justificarse en la lucha contra las mafias, invertir en lo que más puede restarles poder, el establecimiento de vías legales y seguras para una migración ordenada, habilitando corredores humanitarios", subrayan.
Andalucía
