MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno está estudiando cómo cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que señala que las competencia en la asignación de subvenciones para la atención a colectivos vulnerables es autonómica, sin perder la competencia estatal en las subvenciones del 0,7 % del IRPF al Tercer Sector.
En respuesta a una interpelación en el Senado de la senadora de CiU María Teresa Rivero, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha admitido que el Tribunal Constitucional ha advertido de que "no es adecuado" el título competencial.
Sin embargo, ha dicho que el Gobierno está estudiando para que, atendiendo los requerimientos del Tribunal Constitucional encontrar la "mejor fórmula" que Cataluña no pueda entender como ajena a los títulos competenciales que ostenta el Estado con el fin de mantener "fuerte" al tercer sector a nivel estatal.*
"Nos parece estratégico y actuaremos así, para atender a los requerimientos del TC y sus opiniones para encontrar la mejor fórmula", después de que el tribunal advierta de que "no es adecuado" el título competencial que se está utilizando. Así, ha añadido que el Gobierno "va a cumplir la ley en todos sus artículos" y va a garantizar la vigencia de la Constitución "en todas sus partes y todos sus artículos".*
En definitiva, ha defendido que el objetivo es "garantizar" que las convocatorias de subvenciones del IRPF que son "una clave del ejercicio solidario de entre todos los españoles por encima de la comunidad autónoma en la que vivan.
Tras la sentencia, el Ministerio anuló el real decreto con los criterios para el reparto de ayudas entre las ONG de acción social. Alonso ha indicado a la senadora que han tenido "suerte" en los tribunales ante lo que el Gobierno "obedece y respeta" porque no tiene "problemas" con el cumplimiento de sentencias. Sin embargo, ha añadido que también se han tomado medidas para no dejar desasistidas a instituciones como Cruz Roja o el Cermi.** El debate entre el ministro y la senadora se ha vuelto en términos de política territorial y se han cruzado una serie de reproches. El primero, le ha dicho a la segunda que al grupo catalán "no le gustan" las ONG nacionales y que únicamente le interesa la solidaridad entre los catalanes, mientras que España es "solidaria" con Cataluña, que no puede financiarse por sí misma en cuestiones básicas como pagar a las farmacias o para cumplir la Ley de Dependencia y que al Ejecutivo le interesa un tejido asociativo nacional expresión de la solidaridad de los ciudadanos.
Por su parte, la senadora de Convergencia Rivero le ha manifestado al ministro que al oírle hablar le entran más ganas de independizarse "lo antes posible" a lo que Alonso ha respondido que para ello tendrán que pedir permiso a la CUP a ver si le prestan sus votos.
Además, ha subrayado que tales competencias corresponden a la Generalitat de Cataluña y ha reclamado al Ejecutivo "responsabilidad" y "cumplimiento" de la ley y que se territorialicen las ayudas a su comunidad autónoma para que éstas entidades del tercer sector catalán puedan gestionarse "como quieran" y sin depender de en qué comunidad autónoma esté su sede matriz.
