UE admite la petición de Ecologistas y anuncia el inicio de una investigación sobre el 'bunkering' en el Estrecho

Actualizado: domingo, 23 marzo 2008 12:37

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Peticiones de la Unión Europea comunicó a Verdemar-Ecologistas en acción que ha admitido a trámite su petición, anunciando el inicio de una investigación preliminar sobre el 'bunkering' (trasvase de combustible en el mar) en el Estrecho de Gibraltar por parte de la Comisión Europea.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el presidente de la Comisión de Peticiones, Marcin Libicki, explicó que, tras examinar la petición del colectivo ecologista, decidió admitirla debido a que "las cuestiones que se plantean en ella inciden el ámbito de actividades de la Unión Europea".

De este modo, señaló que se ha solicitado a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre el fondo de la petición y de la que dio cuenta a la Comisión del Parlamento Europeo, así como a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria "solicitando su opinión".

Finalmente, con el compromiso de mantener "informado del progreso del examen" al colectivo ecologista, Libicki anexó la respuesta de la Comisión Europea a la petición 0839/2006 presentada por Scott Barrie y Helen Eadie, de nacionalidad británica, que aborda los trasvases de crudo buque a buque en el Reino Unido.

LA DENUNCIA DE VERDEMAR-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN.

Verdemar-Ecologistas en Acción presentó en Bruselas una denuncia "contra el Gobierno de Gibraltar" el 30 de agosto de 2007 por el accidente del 'New Flame', reclamando "responsabilidades penales" a Gibraltar.

En dicha denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el colectivo también denunció la actividad de 'bunkering' "que se desarrolla en el puerto de Gibraltar" ante "la indefensión de nuestros gobernantes", amparándose en la Directiva del Parlamento europeo y del Consejo europeo relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal.

Asimismo, advirtió que "en los últimos meses se están produciendo accidentes inexplicables de buques de gran tonelaje" en la zona, y aludió al accidente del 'New Flame' que, con 42.000 toneladas de chatarra, colisionó el 12 de agosto contra el petrolero 'Torm Gertrud', cargado con "más de 27.000 toneladas de gasolina y pudo ocasionar un accidente sin precedente".

La denuncia incluye que "no existe una vigilancia adecuada ni medios para que pueda llevarse a cabo y tampoco un sistema de sanciones eficaz" para acabar con ciertas prácticas que "están poniendo en peligro constantemente al entorno de la Bahía de Algeciras y del Estrecho de Gibraltar".

EL PRECEDENTE DE SCOTT BARRIE Y HELEN EADIE.

Tal y como hizo saber a Verdemar-Ecologistas en Acción la Comisión de Peticiones de la UE para mostrar "la función que la comisión puede desempeñar en este asunto", en el caso de Scott Barrie y Helen Eadie, miembros del Parlamento escocés, solicitaron del Parlamento Europeo que garantizase la regulación del trasvase de petróleo buque a buque y la correcta aplicación en los Estados miembros de la legislación de la UE en materia de medio ambiente, incluida la Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo) .

En esta ocasión, la comisión consideró que estas operaciones deberían realizarse "prestando la debida atención a la seguridad medioambiental, guardando la correspondiente proporcionalidad con los riesgos y teniendo en cuenta las circunstancias locales".

"Los Estados miembros disponen ya en la actualidad de una serie de instrumentos para conseguir que las operaciones efectuadas en sus aguas se realicen con la seguridad necesaria". Sin embargo, la Comisión se mostró dispuesta a adoptar "nuevas medidas" internacionales para garantizar la seguridad en las operaciones de 'bunkering'.

En este sentido, hizo referencia a la Conferencia de Gotemburgo de mayo de 2002, en la que se acordó trabajar conjuntamente dentro de la Organización Marítima Internacional (OMI) con el fin de desarrollar un mecanismo internacional para la regulación de los trasvases de petróleo buque a buque, realizados como operaciones de transporte o de suministro de combustible, más allá de los límites de las aguas territoriales de los Estados.

Los estados miembros -"incluidos de forma destacada Bélgica, Dinamarca y España"-- y la Comisión están ahora debatiendo activamente las enmiendas de la OMI al Anexo I de MARPOL para prevenir la contaminación marina durante las operaciones de trasvase de petróleo realizadas entre buques en el mar.

Estos debates se llevan a cabo en el seno del Subcomité OMI para el transporte de líquidos y gases a granel (BLG) y en el Comité para la Protección del Medio Ambiente Marino (CPMAM).

A la luz de estos debates, los Estados miembros y la Comisión acordaron emprender esfuerzos para lograr las máximas garantías de seguridad en la prevención de la contaminación ambiental provocada por las operaciones de trasvase buque a buque en el mar.

El objetivo era alcanzar resultados en la reunión de abril de 2007 del BLG11, para someterlos en julio de 2007 a la aprobación del CPMAM 56 a fin de que fueran adoptados por el CPMAM 57 en la primavera de 2008, de tal forma que finalmente entrasen en vigor un año después, a mediados de 2009.

En este sentido, destacó que cuando se pretendan realizar operaciones de 'bunkering' que puedan tener un impacto significativo sobre determinadas zonas de conservación designadas al amparo de la Directiva sobre aves o de la Directiva sobre hábitat, es preciso cumplir ciertas obligaciones, que consisten en tener en cuenta cualquier riesgo potencial para las zonas especiales de conservación y la realización de una evaluación adecuada cuando existan probabilidades de que se produzcan efectos significativos en una zona.

Del mismo modo, citó como "relevantes" otras leyes de la UE, como la Directiva 2004/35/CE2 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, así como los acuerdos multilaterales.

Finalmente, aclaró que la legislación medioambiental de la UE "no excluye la realización de actividades económicas en las proximidades de zonas especiales de conservación", sino que exige su realización "teniendo en cuenta cualquier efecto potencial que las mismas pudieran producir sobre estas zonas".