TSJM avala la adjudicación de Las Ventas a Taurodelta y el fiscal jefe de Madrid no ve delito en la adjucación de unas obras del Canal
MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aseguró hoy alegrarse de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya avalado la adjudicación del contrato de gestión de Las Ventas a la empresa Taurodelta, y consideró que la presentación de este recurso contra su decisión formó parte de una campaña de "acoso y derribo personal".
"Sólo puedo alegrarme de que la Justicia haya resuelto favorablemente. Creo que alguien durante estos últimos años ha intentado utilizar este tipo de situación en una campaña de acoso y derribo personal que afortunadamente los tribunales de Justicia han tirado por tierra con estos fallos", explicó González en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El TSJM ha avalado la adjudicación del contrato de explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas que la Comunidad de Madrid hizo a la empresa Taurodelta y que fue recurrida por Toreart, encabezada por Simón Casas.
Los hechos se remontan a julio de 2006, cuando la compañía Toreart se presentó a un concurso público para la adjudicación del contrato de gestión para la cesión de la explotación de la citada Plaza, una convocatoria a la que también concurrió Taurodelta y Tomás Entero S.L.
Taurodelta resultó finalmente adjudicataria del contrato al obtener 81,41 puntos frente a los 80,13 puntos de Toreart y a los 74,33 de Tomás Entero. Toreart no se mostró conforme con esta resolución y decidió recurrirla por la incorrecta puntuación en el número de festejos en plazas de segunda categoría, por la falta de experiencia de José Antonio Martínez Uganda (propietario de Taurodelta) y por la incorrecta valoración de las ofertas, entre otras razones.
Por otra parte, el vicepresidente también hizo alusión al decreto del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que acuerda el archivo de las diligencias de investigación iniciadas tras una denuncia de la asociación de vecinos 'Parque sí en Chamberí'.
Los denunciantes entendían que la construcción por parte del Canal de Isabel II de nuevas zonas verdes y una zona deportiva en la superficie del tercer depósito podría constituir un delito contra la ordenación del territorio y un delito de sustracción de la cosa propia a su utilidad social.
También consideraban que la adjudicación del contrato de gestión y explotación de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II en el tercer depósito "podría ser constitutiva de los delitos de prevaricación, de malversación de fondos y tráfico de influencias" al relacionar la adjudicación de los trabajos con familiares del vicepresidente.
Sin embargo, el fiscal admite en un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, que los hechos denunciados "no son constitutivos de infracción penal de ningún tipo" y concreta que, en el caso del tráfico de influencias, no hay "indicio o rastro alguno que permita la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar" por parte de González a la hora de tomar sus decisiones.
Tras conocer la decisión de Moix, el vicepresidente dijo que la resolución es "bastante elocuente de lo que ha sido la utilización torticera" de este asunto "con el ánimo de lesionar y no defender los intereses generales".
Finalmente, aprovechó la ocasión para pedirle a la Justicia "rapidez y diligencia" en el resto de los procedimientos que se mantienen abiertos, especialmente el que hace referencia al supuesto espionaje del que fue objeto.
