ESTRASBURGO (FRANCIA), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo expresó hoy su apoyo a una norma comunitaria que reforzará el intercambio de información entre los Estados miembros sobre huellas dactilares, ADN y matrículas de coche para luchar de manera más eficaz contra el terrorismo. No obstante, los parlamentarios exigieron a los Veintisiete que aprueben cuanto antes unas normas mínimas comunes para proteger estos datos y garantizar el derecho de defensa.
El dictamen parlamentario, cuya ponente es la eurodiputada socialista española Bárbara Dührkop, fue aprobado por 529 votos a favor, 65 en contra y 24 abstenciones.
La Eurocámara apoya la integración del Tratado de Prüm --la norma que facilita el intercambio de datos entre los países de la UE-- en la legislación comunitaria, que ya fue aprobada por los Veintisiete el pasado junio. Al mismo tiempo reclama que las futuras transferencias de información estén controladas por el Supervisor Europeo de Protección de Datos y se rijan por la futura decisión marco sobre protección de datos, que todavía no está aprobada.
El Parlamento Europeo insistió en que "se deben fijar las garantías necesarias para la protección de datos y el derecho de defensa de las personas detenidas".
"Estamos preocupados por el equilibrio indispensable entre la lucha contra el terrorismo y la salvaguarda de las libertades fundamentales y los derechos civiles de los ciudadanos. No se puede privar a una persona de sus derechos civiles para luchar contra el terrorismo y la gran delincuencia", dijo Dührkop en un comunicado.
Los parlamentarios reclamaron que se limite el acceso y el intercambio de los datos de ADN, de manera que sólo se transmita la parte no codificada del ADN, es decir, la que no contiene los datos genéticos. También pidieron que las autoridades precisen cuando reclamen algún dato si se trata de una persona en búsqueda y captura, de un sospechoso o de un implicado.
Asimismo, la Eurocámara rechazó que los policías de un Estado miembro puedan interrogar o detener a criminales en otro país de la UE, algo que también descartaron los Veintisiete cuando aprobaron la introducción del Tratado de Prüm en la legislación comunitaria.
