Vista de la playa Playamar en Torremolinos donde se encuentra cerrada junto a los restaurantes y chiringuitos debido al decreto de Estado de Alarma por el COVID-19. Málaga a 22 de abril del 2020 - Álex Zea - Europa Press
SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible va a permitir que, de forma extraordinaria, en 2020 puedan volver a montarse las instalaciones y desarrollarse las actividades incluidas en planes de playas vencidos en 2019 y que se encuentran actualmente en tramitación.
Con esta medida de carácter excepcional, la Junta de Andalucía quiere "mostrar su apoyo a este sector" que incluye, entre otros negocios, a los chiringuitos y demás locales de restauración ubicados en el litoral, así como a los servicios de alquiler de hamacas, que agrupan a un colectivo de más de mil autónomos en toda la comunidad, o de actividades náutico-recreativas que se desarrollan en la costa andaluza.
Asimismo, el Gobierno andaluz ampliará "un año las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre aprobadas para estas empresas en 2019 siempre y cuando se cumplan dos premisas: que se haya solicitado el permiso en 2020 y que la extensión del plazo no suponga un exceso del período máximo de concesión recogido en la normativa", según ha explicado en un comunicado la Junta.
La titular del ramo, Carmen Crespo, ha explicado que estas medidas que está impulsando el Gobierno andaluz, en el marco de sus competencias en gestión del litoral, persiguen "impulsar la reactivación económica de un sector afectado en gran medida" por las limitaciones que conlleva el estado de emergencia declarado para luchar contra el Covid-19.
"Entre los días de actividad que han perdido a causa de la pandemia se encuentra la Semana Santa, uno de los momentos de mayor negocio para estas instalaciones", ha lamentado la consejera, quien ha hecho hincapié en "la necesidad de hacer todo lo que esté en manos de las administraciones para intentar que la rentabilidad de estas empresas se vea lo menos perjudicada posible por esta crisis sanitaria".
En base a la autorización extraordinaria de la Consejería de Desarrollo Sostenible, las empresas que ofrecen servicios en el litoral andaluz podrán "volver a desarrollar su actividad en las mismas condiciones que la temporada pasada cuando las autoridades sanitarias lo permitan". Es decir, deberá "mantener el tipo de uso, superficie, ubicación y demás características aprobadas para ejercer su labor en 2019 hasta que concluya el trámite administrativo relativo a la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre para 2020". Una vez terminado este proceso, las empresas deberán cumplir con las condiciones que se establezcan para la temporada actual.
Carmen Crespo ha puesto de relieve que "desde la Administración andaluza se mantiene una relación constante con el sector de servicios a usuarios de playas y que "as actuaciones que se implementarán para apoyarles en este momento de especiales dificultades, responden a las necesidades que han trasladado los propios profesionales".
Durante la última reunión mantenida con representantes de la federación de empresarios de playas, los empresarios trasladaron a la Junta de Andalucía su preocupación por el impacto del Covid-19 en el sector y por el plazo que "aún podría transcurrir hasta que se recupere la normalidad en el turismo internacional, de gran importancia para sus negocios".
PETICIÓN AL MINISTERIO
Además de las iniciativas que son competencia de la Junta de Andalucía, el Departamento que dirige Crespo ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que "se exima a estas empresas del canon anual de ocupación del dominio público marítimo terrestre para 2020" o que, "al menos, se prorrateen las cantidades a abonar en función de las condiciones en las que finalmente puedan activarse estos servicios en los próximos meses".
En base a los cálculos realizados por la Consejería a partir de los datos disponibles, "se estima que la exención de este pago podría supone un ahorro de alrededor de diez millones de euros para los titulares de chiringuitos ubicados en el litoral andaluz".
