BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha supeditado este miércoles la hora de pretecontratación de las VTC en el área metropolitana de Barcelona "a los informes técnicos y jurídicos"
Al ser preguntada sobre la aprobación inicial del reglamento de las VTC que debe convertir los 15 minutos de precontratación de los VTC en una hora, Colau ha dicho: "No sé si será una hora. Será lo que digan los informes jurídicos y técnicos", ha dicho en una entrevista a Betevé recogida por Europa Press.
"Esto no lo diré yo. Lo que decíamos es que orientativamente en el área metropolitana 15 minutos era irreal porque equipara de facto a un taxi, que puede tardar 15 minutos", ha explicado Colau.
A su juicio, si serán finalmente 45 minutos o una hora o 65 minutos "lo dirán los informes técnicos", con criterios técnicos.
"Cada uno tiene que hacer su papel y su función. Si no serían todos taxis o todos VTC", ha dicho Colau, que ha considerado que esto se estaba confundiendo y el decreto permite diferenciarlo.
LEY DE LA JUNGLA
La alcaldesa ha considerado que en este debate se ha hecho una "comunicación tramposa", que no va contra taxis ni VTC, sino en defensa de una movilidad justa y asequible para que Barcelona no esté sometida a la 'ley de la jungla' con coches que contaminan sin pagar siquiera impuestos.
Ha descrito que VTC es un vehículo con conductor que hace servicios especiales y que nunca ha habido ningún problema hasta ahora, que hay plataformas digitales globales con mucho dinero detrás, "grandes especuladores, como ha pasado con la vivienda, y con los pisos turísticos ilegales y plataformas como Airbnb, hacen de taxi de facto sin cumplir las reglas del juego, incumpliendo la ley".
Colau ha pronosticado que, si se permite esta liberalización que piden las aplicaciones de facto, entonces se reventarán precios y los taxis tendrán que cerrar y, como sucede en otras ciudades, cuando tengan el monopolio del mercado, comenzarán a subir precios y un día para ir a las 3 de la madrugada al aeropuerto cobrarán 300 euros, "y entonces pedirán a la administración que regule".
