ALMERÍA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los secretarios provinciales de UGT y CCOO, José Ginel y Juan Pallarés, respectivamente, han criticado este lunes que la asociación de empresarios de Almería (Asempal) haya remitido una circular a sus empresas y asociados, que ha su vez se las han hecho llegar a los trabajadores, con las que están "metiendo miedo y presción para que no secunde el día de la huelga" general el próximo 29 de marzo, con lo que Ginel ha recordado que a un trabajador "no se le puede despedir por ir a la huelga" ya que "es un derecho".
Ambos sindicatos se han mostrado "preocupados" por la "política de miedo que está instaurando el Gobierno y los empresarios" frente a la huelga general, ya que están "enfrentando a trabajadores y desempleados". "La huelga general es totalmente constitucional y los trabajadores tienen derecho a no ir al puesto de trabajo, pero ningún empresario puede despedir al trabajador por no acudir ese día", ha remarcado Pallarés en una nota.
En este sentido, ha hecho referencia al listado de empresas que circula por la red social twitter, que "están amenazando a los trabajadores con el despido si van a la huelga general", entre las que se encuentran "grandes empresas de Almería". Por otro lado, Ginel ha "felicitado" irónicamente al Ayuntamiento de Almería "por su rápida actuación con la cartelería sindical, ya que ha destinado dos brigadas para su retirada".
"Ayer colocamos los carteles de la huelga general y hoy ya están quitados, sin embargo, siguen colocados los de las elecciones que ya han pasado", ha incidido. UGT y CCOO continuarán con las asambleas y los piquetes informativos que se distribuyen por Almería y avisan de que el Gobierno "tendrá que retirar la reforma si no quiere más movilizaciones".
En la circular, brindada a los medios por las centrales sindicales, Asempal explica que el desarrollo de la huelga afectará a todas las actividades laborales y señala que el objetivo fundamental de esta huelga "según han manifestado públicamente sus convocantes, lo constituye el rechazo a las medidas impuestas por el Gobierno mediante el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral".
Así, advierte que debido a los términos en los que se plantean las movilizaciones, "esta convocatoria de huelga debe calificarse como de carácter político, puesto que las reivindicaciones expresadas se dirigen contra la acción política del Gobierno y más aún, contra las decisiones que legítima y democráticamente ha adoptado el Congreso de los Diputados al acordar la convalidación del citado Real Decreto Ley".
Con esto, consideran que las empresas serán "las principales perjudicadas y quienes deban sufrir las consecuencias económicas de la huelga". "Aunque la huelga es un derecho fundamental, recogido en el artículo 28 de la Constitución Española, conviene recordar que se debe respetar la libertad de trabajo de quienes no quieran sumarse a la huelga, ya que el derecho al trabajo está, igualmente, protegido constitucionalmente", añaden en la circular, en la que también explican que un piquete es "ilegal" cuando "trate de impedir el libre ejercicio del derecho del trabajo".
