HUELVA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha anunciado este lunes el registro de una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz para que la Junta emprenda las acciones oportunas tanto administrativas, como en su caso judiciales, ante el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), para solicitar la revisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los cuatro subproyectos de almacenamiento de gas de la empresa Petroleum Oil & Gas España S.A. en el entorno de Doñana.
Todo ello, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Evaluación Ambiental, con el fin de que se realice una nueva evaluación del proyecto
en su conjunto, incluyendo los cuatro subproyectos en que fue subdividido --Saladillo, Marismas Occidental, Aznalcázar y Marismas Oriental--.
La vicesecretaria general del PSOE de Huelva, María Márquez, ha explicado que en rueda de prensa que la iniciativa también solicita que la Junta emprenda las acciones oportunas para que se paralice la ejecución del subproyecto Marismas Occidental, que cuenta con autorización sustantiva de 10 de marzo de 2016 del Ministerio competente en materia de Energía, hasta tanto no se lleve a efecto la modificación de las DIA antes citadas.
Todo ello después de que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, haya señalado que "no parece que la falta de actividad del Mapama pueda verse justificada" tras no haber recabado más información sobre la DIA del proyecto de explotación y almacenamiento de gas, a pesar de que el órgano competente sea el Ministerio de Energía o que las cuestiones ambientales corresponden a la Junta de Andalucía.
Así lo expresa Fernández en un documento en el que pide al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental realizadas, después de que Greenpeace haya interpuesto una queja formal con el objetivo de "parar esta barbaridad", según ha declarado la ONG.
Al respecto, el PSOE pide en la proposición no de Ley que la Junta "apoye" el informe del Defensor, al que "debe hacer caso el Gobierno central", un informe elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de 24 de mayo de 2017, que apunta a los riesgos sísmicos y a la contaminación del acuífero 27.
"NO A UN ALMACÉN DE GAS"
Márquez ha insistido en que los socialistas onubenses piden al Gobierno y al PP que "se unan al clamor existente y renuncien a utilizar el subsuelo de Doñana como un almacén de gas", así como que responda a la petición, elevada por el PSOE, para que el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, comparezca en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones al respecto.
La socialista ha recordado que en el entorno del Espacio Natural de Doñana "se ha explotado históricamente el gas natural existente en el subsuelo, existiendo diversos emplazamientos, pozos y gasoductos, pertenecientes a Gas Natural".
No obstante, ha continuado, en los últimos años, dicho grupo empresarial "ha querido reforzar su actividad gasista en dicho entorno con la presentación de los citados cuatro nuevos proyectos, localizados en distintos municipios de las provincias de Huelva y Sevilla", los cuales se encuentran en distintas fases de tramitación administrativa en los distintos ámbitos competenciales, estatal y autonómico.
Desde 2011, ha precisado la socialista, la Junta de Andalucía ha cuestionado que se haya realizado un adecuado estudio de los efectos sinérgicos y acumulativos de los cuatro proyectos sobre el medio ambiente, y en especial, sobre los Espacios de la Red Natura 2000, máxime, cuando la nueva actividad a realizar consiste en un almacenamiento permanente de gas.
Esta situación, ha insistido Márquez, "le ha llevado a mantener una correspondencia con el Ministerio competente en medio ambiente, el cual, en ningún caso ha reconocido defectos en la evaluación de los efectos sinérgicos ni problemática alguna por la fragmentación de proyectos de las mismas características en un mismo ámbito territorial".
Por todo ello, Márquez ha referido que la Junta de Andalucía ha ido poniendo de manifiesto esta circunstancia a lo largo de estos años, no sólo en esas relaciones con el Ministerio, sino también en otros foros, así como en numerosos debates sustanciados al respecto tanto en esta Cámara como en las Cortes Generales, y en diversos procedimientos informativos abiertos al respecto por instituciones tales como la Comisión Europea.
