SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) ha valorado la aprobación de la Ley de derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, que establece que habrá un registro obligatorio para los profesionales del sector que deberán tener un seguro de responsabilidad civil y que ofrece "seguridad" a los consumidores, con un importante régimen sancionador.
Este Consejo, que representa a unos 600 profesionales, considera en una nota que la nueva ley es "una aspiración de hace muchos años que llega en un momento crucial donde se reactiva el mercado".
Así, ha apuntado que la nueva ley sobre Derecho de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas en Andalucía "adopta medidas de protección al consumidor frente al mercado inmobiliario, precisamente en un momento crucial en que hay una reactivación del sector", según ha explicado el presidente del Consejo Andaluz de Coapi, Javier García-Valdecasas, quien afirma que "la aprobación de esta Ley es algo por lo que hemos trabajado desde hace muchos años".
Ha recordado que la norma "establece que habrá un registro para los profesionales del sector que deberán tener de forma obligatoria un seguro de responsabilidad civil" e igualmente también tienen que contar con un local abierto al público, o una dirección física si prestan sus servicios en Internet.
Igualmente se establece un régimen sancionador para el que incumpla la norma, con multas que pueden llegar a los 5.000 euros de sanción por la administración.
El Consejo Andaluz de Coapi siempre ha defendido "la aspiración a un mercado inmobiliario más transparente y seguro que permita un acceso a la vivienda con plena seguridad jurídica y sin contratiempos", ha manifestado García-Valdecasas.
Para este consejo profesional, el derecho a la vivienda "comprende también la posibilidad de decidir sobre su elección con información veraz y completa de todo lo que conlleva una adquisición inmobiliaria --datos físicos, técnicos, jurídico-registrales, servidumbres, gravámenes, urbanísticos, catastrales, energéticos, administrativos, comunitarios deudas, proyectos, derramas, inspección técnica, suministros, financieros, impositivos, costes de gestión o tramitación obligatorios y voluntarios, responsabilidad de los agentes por los vicios y defectos de lo construido--".
"Se trata de que el consumidor pueda emitir el consentimiento en el contrato por el que la adquiere la vivienda con la máxima garantía y de que nada se le oculta", ha resaltado.
El Consejo Andaluz de Coapis expuso en su momento en el Parlamento la necesidad de "abordar la defensa del consumidor frente a un mercado inmobiliario que empezaba a mostrar de nuevo su cara más agresiva". Ha valorado que los grupos políticos "introdujeron enmiendas para imponer garantías y que los que intervienen en el mercado inmobiliario no puedan perjudicar a los consumidores".
Ha recoedado que la principal finalidad de la Ley "es la regulación de los derechos de adquisición preferente en favor de la Administración autonómica, justificados en los supuestos en que se prevé, y que superan la controvertida expropiación forzosa, siendo el medio más inocuo por el que la Administración puede evitar los desahucios y contribuye a que la función social de la vivienda sea una realidad".
Para el presidente del Consejo Andaluz de Coapis, "las consecuencias en los años posteriores a la liberalización inmobiliaria que, junto con otras circunstancias, la mala previsión económica, el insaciable apetito de la banca y una sociedad apuntada al festín, desembocaron, como nunca se había conocido, en actuaciones de especulación masiva, estafas, quejas de consumidores, burbuja, estallido, ejecuciones masivas y crisis para largo".
"Frente a esta situación la nueva ley andaluza aportará mayor seguridad y transparencia al mercado y generarán una confianza hacia sus servicios que quedó en entredicho en la etapa anterior", ha añadido.
Los API han intervenido, a través del Observatorio de la Vivienda, en el Anteproyecto sobre Tanteo y Retracto que aprobó el Consejo de Gobierno de Andalucía en 2015, donde informó en el trámite de audiencia, sobre la necesidad de protección de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y haciendo propuestas al respecto.
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Sobre la protección de los consumidores frente a la actividad de intermediación, ha apuntado que los colegios de API "llevan mucho tiempo reivindicando esta normativa", de forma que "se han realizado propuestas a todas las administraciones para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, y se ha puesto de manifiesto la necesidad de extender esta función y el derecho a una 'vivienda digna' a otros ámbitos como es el del mercado inmobiliario procurando una mayor transparencia y seguridad a través de los intermediarios que intervienen entre vendedores y compradores de inmuebles".
Valora que desde el año 2013 y hasta ahora, la relación del Consejo Andaluz de Coapis con la Administración autonómica competente en materia de vivienda "ha sido permanente y fluida, tanto con los responsables de Consumo, Fomento y Vivienda".
Así, han contribuido con su participación al prestigio alcanzado en jornadas y encuentros organizados por los API "que se han convertido en el foro de estudio, debate y encuentro inmobiliario referente en nuestra Comunidad", una participación en la que "también se ha involucrado la Administración del Estado que no ha dejado de estar presente en estos eventos".
