SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha mostrado este jueves su "sorpresa e incredulidad" por el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ha avalado la legitimidad de que se asuma con dinero público la financiación de los centros docentes con educación diferenciada entre alumnos y alumnas.
La organización, aunque respeta el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que quieran para sus hijos, recogido en la Constitución, ha recordado en un comunicado que también en ella se reclama el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a la igualdad.
"Creemos que la democracia no puede abandonar el sistema educativo a la lógica del mercado o a lo que las familias u otras asociaciones quieran, pues tiene como obligación la defensa de la inclusión, la pluralidad y la tolerancia, que se ven con esta medida socavados", ha asegurado.
En opinión de la asociación, la decisión del tribunal supone "una mala noticia" para la educación pública, porque avala los principios que alumbraban la Lomce, "la ley más contestada por la población española, que cuenta con el compromiso firme de derogación de todos los partidos políticos de la oposición, y que parece cuestionada actualmente hasta por los más conservadores".
"Entendemos que es la última expresión de aquellos sectores que se niegan a aceptar la realidad de una sociedad española heterogénea, igualitaria y plural", ha adveritdo.
Para la Apdha, esta decisión constituye "un regreso al pasado, a una España en blanco y negro que creíamos olvidada", ya que el acceso de las mujeres a la educación en España en igualdad de condiciones que los varones, se consiguió con la escuela mixta.
En este sentido, ha rememorado que la escuela segregada diferenciaba el tipo de educación que recibían niños y niñas, al entender que ambos estaban destinados a ocupar posiciones y funciones diferentes en la sociedad; mientras que la escuela mixta supuso un primer paso en la superación del grave problema del retraso y la desigualdad de las niñas y mujeres en la educación en el Estado español.
No obstante, ha asegurado que "aún queda mucho por hacer: Las diferencias salariales, la conciliación familiar, las tremendas cifras sobre la violencia de género, entre otras".
Asimismo, ha denunciado que los pretendidos argumentos "técnicos" que sostienen estos centros para respaldar la educación diferenciada, tales como mejor rendimiento académico o menor incidencia de conflictos, carecen de base científica y de estudios serios, y "no son más que una burda tapadera para disimular la realidad".
"Estamos hablando en la mayoría de los casos de centros clasistas, a los que se dirigen los hijos o hijas de las familias con más recursos económicos, donde además no existe, salvo casos puntuales, alumnado inmigrante o con discapacidad, y por tanto, no contemplan que esta realidad social que potencia la inclusión pueda estar presente en sus aulas", ha criticado.
La Apdha ha considerado que si alguien propusiera tratar las diferencias agrupando a los alumnos y alumnas por su nivel social, sería tachado de clasista y de anacrónico, aunque, en realidad, subrayan, "ese es el efecto final de la política de privatización que promueve el Ministerio de Educación".
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía "cree firmemente que las diferencias no se resuelven segregando, sino tratándolas en el aula. Los comportamientos machistas o violentos, las actitudes pasivas o subordinadas, se vuelven invisibles y, por tanto, intratables, en una educación segregada", aseguran. Mezclarlos, argumentan, "supone la posibilidad de ayudarles a comprenderse, a valorar lo positivo de unas y de otros, a establecer lazos de amistad, a desinhibirse en su trato con las personas del otro sexo a convivir de manera natural".
Lo que se requiere, puntualiza la asociación, es una mejor formación de los docentes, para que puedan incorporar en el currículo el mandato de la igualdad y la atención cualificada a las diferencias.
La organización ha concluido que, aunque respeta el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que quieran para sus hijos, se muestra "totalmente en contra de que un tipo de educación que vulnera gravemente los avances científicos y el principio constitucional de igualdad de la ciudadanía, sea pagada con dinero público".
