SANTA FE (GRANADA), 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha considerado este viernes que el caso que la Fiscalía Superior ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para su investigación debe resolverse y "atenderse" en el ámbito de la Universidad de Sevilla (US), ya que se refiere a un asunto relacionado con su etapa como vicerrector en esta institución académica.
En declaraciones a los periodistas en Santa Fe (Granada), donde ha visitado las instalaciones de la cooperativa farmacéutica Hefagra, el consejero ha eludido pronunciarse sobre una posible dimisión si el caso llegara a su imputación y se ha reiterado en sus declaraciones de este jueves en Jaén, donde negó haber prevaricado y pidió respeto a su presunción de inocencia.
"Comparecí para informar a la opinión pública, como es mi obligación, sobre un tema que data de hace ocho años de una época en que yo era vicerrector de la Universidad de Sevilla, que es el ámbito donde esto tiene que atenderse", ha dicho Ramírez de Arellano, que ha indicado que por ahora "no hay ninguna novedad".
Preguntado por si ha pensado dimitir, sobre todo después de las declaraciones de los grupos parlamentarios en la oposición, el consejero se ha limitado a decir: "No creo que sea el momento de pronunciarme ahora en esta visita".
Fue este jueves cuando la Fiscalía Superior pidió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que incoase diligencias previas contra el consejero por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público presuntamente cometidos cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla (US).
La apertura de la investigación del departamento que dirige Jesús García Calderón se produjo después de la denuncia que interpuso el 27 de marzo de 2015 el Colegio de Arquitectos de Sevilla, tras lo que la Fiscalía hispalense inició una investigación que cesó en junio, cuando fue nombrado consejero y adquirió la condición de aforado, por lo que la Provincial tuvo que inhibirse en favor de la Fiscalía Superior.
El actual consejero y anteriormente rector y vicerrector de la Hispalense fue denunciado por un posible delito de prevaricación administrativa al entender el colegio que adjudicó de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).
Los hechos se remontan a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.
Los denunciantes consideraron "contradictorio" que la licencia de obras para el edificio se concediera con base en un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato.
Así, el Colegio de Arquitectos aseguraba que la redacción del proyecto se adjudicó sin que existiera siquiera expediente de contratación, y ello, según la denuncia, porque a pesar de haberlo solicitado desde que tuvieron conocimiento de dicho proyecto, la US "nunca" ha puesto en manos del Colegio el expediente administrativo.
Como miembro del Consejo de Gobierno andaluz, y aforado, según el Estatuto de Andalucía, la investigación y eventual enjuiciamiento para exigir posibles responsabilidades correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
