SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Nuria Mendoza Domínguez, auditora de la Cámara de Cuentas y coordinadora del equipo auditor que en 2011 fiscalizó los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre 2001 y 2010, ha asegurado que "observaron claramente" riesgo de menoscabo en ayudas investigadas.
A preguntas del abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, juzgado junto a 21 ex altos cargos de la Junta en la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas investigadas en los ERE fraudulentos, Mendoza ha manifestado, durante el segundo día de su declaración como testigo, que, "en su opinión, como dijo ayer, a diez años vista y analizando las situaciones tan excepcionales que se pusieron de manifiesto, observamos claramente riesgo de menoscabo".
No obstante, ha indicado que es al Tribunal de Cuentas, a quien elevaron la existencia del riesgo, a quien corresponde "pronunciarse y decidir, el único órgano que tiene jurisdicción para decir si hubo menoscabo o no". "Yo sólo pude decir si existe riesgo", ha añadido.
La Intervención General, según Mendoza, no emitió informe de actuación a pesar de las irregularidades recogidas en los informes anuales del Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente encargado de materializar el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo en virtud del convenio marco de julio de 2011 firmado por la Consejería de Empleo y el IFA.
Según este convenio marco, el órgano concedente allegaría fondos del programa presupuestario 31L a través de transferencias de financiación a IFA/IDEA, una herramienta presupuestaria que permitía eludir la fiscalización previas de las ayudas, según las acusaciones. La testigo, en diferentes ocasiones en su declaración, ha señalado que la Intervención General no detectó o entendió la existencia de riesgo de menoscabo y por ello no emitió informe de actuación, añadiendo que el riesgo es "una valoración subjetiva, ya que no está normalizado".
Mendoza, con más 28 años de experiencia de auditora, fue la coordinadora del equipo de la Cámara de Cuentas que revisaron los expedientes de concesión de ayudas por la Dirección General de Trabajo a petición del Consejo de Gobierno y de la Comisión de Hacienda del Parlamento en 2011, una vez que se abrió la causa judicial por los ERE en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
En concreto se analizó, como muestra, un total de 102 expedientes de ayudas, de los "seis contaban con solicitud de las ayudas, 50 sin ningún documento y 46 recogían protocolos, acuerdos o acta". Respecto a esto último ha apuntado que "dábamos por bueno cualquier cosa", según manifestó este lunes.
Mendoza, coordinadora en la Cámara de Cuentas de la consejera a propuesta del PP Amelia Martínez, aunque, según ha asegurado, ello "no le influye en este acto ni en ningún otro", ha insistido este martes en que no se cumplen los requisitos de la delegación de competencias para que el director general de Trabajo asumiera la concesión de subvenciones, aunque ha precisado que "parecía que por el tiempo transcurrido era conocida por los órganos superiores" esta circunstancia.
Entre otras cuestiones, ha puesto de manifiesto el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación para financiar las subvenciones, que tenían que haberse usado para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ente instrumental. Si bien, considera que si IFA/IDEA hubiese tenido la competencia plena para la concesión de las ayudas "no hubiese habido problemas" para usar las transferencias de financiación, pero en la Ley de Presupuestos venía "claramente" que la competencia era de la Dirección General de Trabajo.
En todo caso, ha añadido que si la Consejería quería usar el dinero de las transferencias de financiación para financiar subvenciones "tenía que haber modificación la clasificación presupuestaria de sus créditos". En este sentido, ha expresado que el mecanismo "adecuado" de financiación era la subvención y no la transferencia de financiación.
Al respecto, ha señalado que hubiesen sido objeto de fiscalización previa los expedientes de las ayudas si no se hubiesen tramitado "inadecuadamente" a través de transferencias de financiación, un instrumento "no previsto" para ello. "Todo lo que concierne a gastos de la Consejería tiene que tener expediente de gasto y someterse a fiscalización", ha indicado.
De otro lado, Mendoza, que tuvo acceso al convenio marco de julio de 2001 y a los convenios particulares de cada ayuda, ha señalado que en éstos no había referencia a ninguna norma, por lo que entiende que debía cumplirse la Ley de Hacienda Pública y el Reglamento de Subvenciones, que establece los requisitos para el órgano gestor que concede ayudas subvenciones con presupuestos de la Junta. Además, a su juicio, el convenio marco "no era una encomienda concreta sino un documento de intenciones".
La testigo ha señalado que las "irregularidades" recogidas en el informe adicional correspondiente al ejercicio 2003 y emitido en 2005 del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA "se seguían produciendo" en años posteriores, apuntando que una hacía referencia al ente y es que, según ha explicado, actuaba como entidad colaboradora cuando no había norma reguladora de subvenciones que así lo estipulase.
En dicho informe, la intervención señalaba que se estaban concediendo ayudas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido". En este sentido, ha apuntado que los informes del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA ponía "negro sobre blanco" las advertencias recogidas, pudiendo los responsables de la Consejería de Empleo entenderlas de su lectura.
A pregunta de la defensa de Guerrero, que ejerce el letrado José Ávila, ha declarado que el interés general por el que se conceden las subvenciones como excepcionales "no quedaba motivado" en los expedientes de las mismas, así como tampoco, en base a los expedientes analizados en 2011, había justificación "ni nada que nos hiciera saber que se había cumplido el destino para el que se habían concedido las ayudas".
El abogado de la ex secretaria general técnica Lourdes Medina, acusada en este juicio, ha preguntado a la testigo si ella manifestó sorpresa al conocer la imputación de ésta. Mendoza, quien en los trabajos de fiscalización tuvo como interlocutora en la Consejería de Empleo a Medina, ha respondido: "Estábamos alucinado con todo".
Para Mendoza, la situación derivada del sistema de concesión de ayudas de los ERE lo conocían en la Consejería de Empleo, "como mínimo, el consejero y viceconsejero", quienes estaban como miembros en el Consejo Rector de IFA/IDEA, donde se daba conocimiento de los informes de Control Financiero Permanente, si especificar etapas ni nombres concretos.
A preguntas de la defensa del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, que ejerce el letrado Juan Carlos Alférez, Mendoza ha señalado que en el periodo de Cañete (Mayo de 2008 y diciembre de 2009) y de su sucesor Miguel Ángel Serrano Aguilar (2004-2008) IFA/IDEA no pagó ayudas por encima de los créditos disponibles para tal fin.
Igualmente, ha matizado su declaración de este lunes en la que dijo que IFA/IDEA pagó ayudas con dinero de Innovación, precisando que esto se produce en los ejercicios 2003, 2004 y 2010.
Por último, la auditora ha reconocido que "nada fue suficiente" en referencia a las actuaciones de la Intervención General de la Junta respecto a estos hechos, "a la vista de que estamos aquí sentados" --en el juicio--. "La Intervención uso diferentes instrumentos para informar de estos hechos, pero evidentemente no fueron suficientes", ha concluido.
