SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha pedido a la Junta, en el marco de una queja de oficio, que, a fin de racionalizar la externalización de servicios y cumplir con los mandatos y recomendaciones formuladas para la correcta ejecución de los servicios externos contratados, previo los trámites y estudios correspondientes, regule, con el rango formal y jerárquico que se considere, el marco de referencia sobre el modelo de externalización de la acción pública autonómica.
En dicha resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido remitida a la Consejería de Hacienda, Maeztu demanda a la Junta que considere la necesidad de que tal marco regulador incorpore, paralelamente, los criterios o modelo de internalización o reinternalización de servicios públicos u otras actividades auxiliares al sector público en función de los criterios de racionalización adoptados.
El Defensor del Pueblo Andaluz elabora esta resolución de oficio tras distintas quejas recibidas al respecto, entre ellas la del sindicato CGT, sobre la situación en la que se encuentran los trabajadores de las empresas adjudicatarias de la gestión del servicio de atención telefónica de emergencias en Andalucía, 112, 061 y Salud Responde.
Maeztu, en una resolución de 18 páginas, argumenta que en los últimos años se han incrementado las quejas sobre las externalizaciones, fundamentalmente en el ámbito de los servicios de teleoperación y de acceso a determinados servicios sanitarios y educativos, lo que ha llevado a la Institución a analizar este asunto.
Considera unánime la recomendación de que el recurso a la externalización se acuerde exclusivamente en los casos y circunstancias que razondamente se estime "imprescindible" y que siempre venga precedida de ese análisis pormenorizado de puesta en valor de la misma en razón a criterios de mejora y eficiencia y eficacia en la prestación del servicio.
Maeztu destaca que la institución no ha podido constatar la existencia de esos estudios pormenorizados en la documentación remitida por los organismos y entes de la administración autonómica con ocasión de la tramitación de quejas sobre esta materia.
Adoptada la decisión de externalizar, según se apunta en la citada resolución, procede determinar la modalidad contractual y el perfil del provedor externo, así como el diseño de la externalización y el establecimiento de las condiciones para la contratación, cuya articulación se corresponde con el redactado de los pliegos de condiciones del contrato en cuestión, en el que se han de recoger las especificaciones de los estándares del servicio, prestación o tarea.
Finalmente, el control y evaluación de la gestión externalizada se convierten en elementos esenciales de la calidad de la prestación o servicio, igualmente a articular en los correspondientes pliegos, introduciendo los indicadores, cuadros de mando y cuantos elementos de control ayuden a un control óptimo de la calidad con que se prestan.
AUSENCIA DE CRITERIOS EVALUADORES
"La evidencia empírica nos demuestra que si bien está ampliamente asentada la práctica de control, no puede decirse lo mismo de la evaluadora, de gran desarrollo teórico como escaso de operatividad práctica, por la ausencia de indicadores y de la cultura de evaluación en esta parcela de actividad", se agrega.
Para el Defensor del Pueblo Andaluz, la inexistencia de un modelo o proceso externalizador, y la correlativa ausencia de criterios e indicadores, "tiene su evidencia en la carencia en nuestras estructuras administrativas de unidades especializadas de externalización de prestaciones y servicios, que a la postre ponen en duda los fundamentos de eficiencia y eficacia de la gestión, como también la puesta a disposición de prerrogativas de Derecho público en el sector privado".
En este sentido, esta institución viene constatando a través de las quejas que tramita que, "en no pocas ocasiones, la falta de determinación de estos criterios produce efectos disfuncionales en la prestación del servicio, bien porque la externalización pudiera afectar a servicios que son esenciales para el efectivo ejercicio por la ciudadanía de los derechos fundamentales, o bien porque no se determinan con la mayor precisión posible las condiciones de las prestaciones a realizar que impide que se lleve a cabo con la intensidad requerida las correspondientes tareas de control de su ejecución".
Las consecuencias disfuncionales que producen estas situaciones, según se advierte en la resolución, se agudizan, además, ante la heterogeneidad de criterios seguidos sobre externalización o no de servicios similares, como pueden ser los de recepción de llamadas telefónicas en solicitud de asistencia, que en el ámbito sanitario y de protección civil están externalizados, y no así en el de servicios sociales.
"Hemos constatado por nuestras intervenciones que, asimismo, esta situación se da en el ámbito educativo en el que, mientras el servicio de monitores escolares se ha internalizado, no así el de monitores escolares de educación especial que continúa externalizado", argumenta el Defensor del Pueblo Andaluz.
Junto a ello, este Defensoría pone de manifiesto que su intervención en el asunto objeto de esta queja, no supone un cuestionamiento de las nuevas técnicas y métodos aplicados para la consecución de los fines públicos que responden a tendencias que imponen la dinámica social, económica y política.
"No nos incumbe cómo se personifique la Administración o bajo qué marco jurídico actúe siempre que el sector público, en su funcionamiento, garantice la protección de los derechos constitucionales y estatutarios de la ciudadanía y su sujeción a los principios constitucionales que debe observar en su actuación", destaca.
CGT-A: EL DEFENSOR "LLAMA AL ORDEN" A LA JUNTA
Por su parte, CGT Andalucía, a través de un comunicado, ha valorado la resolución del Defensor del Pueblo y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que "llame al orden" a la Junta. "Se constata en este informe que una vez privatizados/externalizados los servicios públicos por parte de la Junta, se realiza nulo o escaso control de los pliegos de condiciones", ha apuntado el sindicato.
Asimismo, ha anunciado que va a poner en marcha los mecanismos de presión suficientes para que en el ámbito de la Junta se regule el marco de referencia sobre el modelo de externalización pública y sobre la internalización o reinternalización de servicios públicos en el sector público andaluz.
En este sentido, este mismo miércoles se va a dirigir a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía para mantener una reunión de cara a unificar criterios que lleven al Gobierno de la Junta a cumplir las sugerencias del Defensor del Pueblo Andaluz.
