Apunta que existía un ambiente "quejoso" en la agencia IDEA por el pago de las ayudas al ser una gestión de la Consejería de Empleo
SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa entre abril de 2009 y febrero de 2010, Martín Soler, ha asegurado este miércoles que la apariencia de legalidad de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo a trabajadores y a empresas en crisis era "total", añadiendo que "nadie" le puso encima de la mesa advertencias al respecto.
Así lo ha declarado como testigo el que fuera también consejero de Agricultura en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. En virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, el ente instrumental abonaba las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, que gestionaba la propia Dirección General y que se allegaba al instituto y después a IDEA a través de transferencias de financiación.
Martín Soler, que estuvo como investigado en este procedimiento pero fue excluido finalmente por el juez instructor, ha insistido durante su interrogatorio que la apariencia de legalidad de las ayudas de Empleo abonadas por IDEA, adscrita a Innovación desde 2004, era "tan aparente y total" que era "imposible" que alguien pudiera pensar que había alguna ilegalidad.
En su época, según ha añadido el exconsejero, todo lo que rodeaba a la gestión de IDEA con las ayudas de Empleo era "de apariencia legal". "Nadie me puso encima de la mesa advertencias" al respecto, ha afirmado. Además, ha precisado que en los once meses en los que estuvo al frente de la Consejería acudió a dos sesiones del Consejo Rector de la agencia, donde se encontraba el secretario general de IDEA que tenía que "velar por la legalidad", y "nadie dijo nada al respecto".
En este sentido, ha indicado que la importancia del programa de ayudas de Empleo en IDEA era "prácticamente inapreciable", reiterando que en once meses "nunca" recibió comentarios de que el programa era "una preocupación" más allá de un "simple 'por qué no lo llevaba Empleo'".
Y es que Martín Soler ha expuesto con anterioridad que a su llegada a la Consejería, tras el cese de Francisco Vallejo --encausado en este juicio--, en IDEA existía un ambiente "quejoso" entre los técnicos por tener que "resolver" en la agencia una situación --el pago de las ayudas-- que correspondía a Empleo, "por qué tenían que hacerse cargo de una línea de trabajo de Empleo". Pero ha matizado que "en absoluto" era una cuestión de ilegalidad.
De otro lado, Martín Soler ha asegurado que "nunca" se le entregaron informes de la Intervención sobre el Control Financiero Permanente al que estaba sometido IDEA, que conoció posteriormente en la causa. Si bien, ha resaltado que esa documentación dice de manera "clara, nítida y taxativamente" que lo concerniente a la labor de la agencia era "legal".
Con respecto al cambio del uso de las transferencias de financiación para allegar fondos de la Dirección General de Trabajo a IDEA por encomiendas de gestión, sistema que se implantó en el presupuesto de 2010, aplicándose las recomendaciones de la Intervención General. Además se cambió el sistema de convenios particulares por resoluciones de pago. El exconsejero ha señalado que el "mérito" es de sus antecesores y ha precisado que fue un debate "técnico" entre IDEA y la Dirección General de Trabajo, coordinados por los viceconsejeros, aunque no era consciente del trabajo que se estaba haciendo para el cambio de sistema, "siendo honesto conmigo mismo porque podría estar aquí imputado", ha añadido.
Por último, ha valorado la alta cualificación profesional de Jacinto Cañete, ex director general de IDEA y procesado en esta causa, quien dejó su cargo mientras Soler era consejero. "Estoy convencido de que si --Cañete-- hubiera detectado anomalía o ilegalidad me lo hubiera advertido inmediatamente", ha concluido.
UN DECRETO PARA "ADECUAR" LAS AYUDAS DE LA JUNTA A LA ORDEN DEL 95
Este miércoles también ha prestado declaración como testigo Antonio Ávila Gutiérrez, quien trabajó hasta 2008 en la Dirección General de Trabajo como jefe de departamento de Régimen Jurídico del Servicio de Ordenación y Coordinación Laboral.
Ávila, a preguntas de la Fiscalía, ha explicado que no tuvo ningún relación con la tramitación de las ayudas sociolaborales y a empresas concedidas por la Dirección General de Trabajo ni con el programa presupuestario 31L, salvo la elaboración entre los años 2000 y 2001 de un borrador de decreto en base a la Orden Ministerial de 1995 de ayudas a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas, "adecuándola a la realidad andaluza". Se quiso hacer un decreto para adecuar las ayudas de la Junta a la Orden, ha añadido.
El borrador fue entregado a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo, aunque no le dijo "las razones" por las que aquello no prosperó.
A su juicio, en base a la Orden Ministerial de 1995 el Gobierno otorgaba las ayudas que establecía, ayudas a empresas en crisis, planes de Empleo, etc. "Un cajón de sastre para situación de urgente necesidad", ha afirmado. La petición de cualquier empresa o trabajador tenía que ser directamente a la Administración del Estado. Los fondos con los que se pagaban las ayudas eran estatales.
Por su parte, en la Orden Ministerial de 1994, que regula la concesión de ayudas, previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, había "delegación de competencias a las comunidades, que las gestionaban".
