SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Gonzalo Suárez, viceconsejero entre mayo de 2004 y marzo de 2005 de la recién creada Innovación, Ciencia y Empresa, ha señalado que no conoció el programa presupuestario 31L de ayudas sociolaborales, con el que la Dirección General de Trabajo pagabas las ayudas concedidas en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE), hasta su imputación en 2013 en la causa, de la que fue excluido hace un año.
Así lo ha manifestado Suárez en su declaración como testigo en la sesión de tarde de este lunes, la primera que se celebra en este horario, del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares entre 2001 y 2010.
Precisamente, Suárez fue excluido de este procedimiento judicial por la Audiencia Provincial de Sevilla en abril de 2017, cuando la Sección Séptima estimó el recurso presentado por su abogado contra el auto de 31 de mayo de 2016 en el que el juez Álvaro Martín les procesó. Sobre Suárez la Audiencia señaló que "no consta que hubiera tenido conocimiento de que estaba participando en el desarrollo y mantenimiento del denominado" procedimiento específico.
En virtud del convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), por el que este ente materializaría el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L, órgano que allegaría fondos a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación, herramienta que, según las acusaciones, permitía eludir la fiscalización previa de las ayudas.
Suárez, cuya declaración ha durado unos 15 minutos y sólo ha sido cuestionado por el fiscal Manuel Fernández Guerra, fue también vicepresidente de IDEA, adscrita a Innovación desde 2004, durante los diez meses que fue viceconsejero con Francisco Vallejo, acusado en este procedimiento. El exviceconsejero ha señalado que no conoció el programa 31L hasta su imputación en la causa y que no recibió ningún informe del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA, ni el tipo de control que ejercía la intervención sobre este ente instrumental.
El Ministerio Fiscal le ha preguntado a Suárez si en la reunión del Consejo Rector de IDEA a la que asistió y en la que se aprobaron las cuentas de 2003 no tuvo conocimiento de una salvedad por incertidumbre recogida en el informe de auditoria anual referente al pago de las ayudas del programa 31L. "Era una cosa del pasado y creía que era parte de la normalidad", ha manifestado.
Antes de Gonzalo Suárez ha declarado como testigo Antonio Valverde, quien fuera director general de IDEA desde 2009 hasta 2014, sustituyendo en el cargo de Jacinto Cañete, acusado en este juicio. Valverde también fue excluido por la Audiencia Provincial de esta pieza política de los ERE.
Ha explicado que IFA/IDEA como ente instrumental de la Junta estaba obligada a asumir el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, negando que planteara en algún momento al consejero o viceconsejero de Innovación, Consejería a la que estaba adscrita IFA/IDEA desde 2004, dejar de pagar las ayudas porque eran competencia de Empleo.
"MATERIALMENTE IMPOSIBLE"
De otro lado, ha asegurado que era "materialmente imposible" que IDEA pagará ayudas de los ERE con cargos de Innovación, precisando que en la comisión de seguimiento de la encomienda de gestión se detectaron errores en la resoluciones de órdenes de pago a IDEA en los que indicaba esta cuestión. "Se tomó conocimiento de estos errores y se corrigieron, pagándose con fondos del programa presupuestario 31L", ha añadido.
En otro orden de cosas, Valverde ha defendido la contabilidad de IFA/IDEA de las ayudas. La agencia registraba de manera "clara y ordenada" todo lo que recibía y lo que paga en referencia a las ayudas. Aunque IDEA sólo tenía encomendado el pago de las ayudas, a partir de la encomienda de gestión de 2010 hacía una justificación diferida de quienes recibían el dinero de las ayudas, recabando la justificación de éstos a aseguradoras o asociaciones de trabajadores, trasladando los datos a la Consejería de Empleo y ésta a la intervención delegada.
Valverde, que no conocía que las ayudas se dieran sin fiscalización previa, ha explicado que en su época IDEA no formalizó préstamos a empresas por orden de la Dirección General de Trabajo con cargo al programa 31L, si bien en los documentos enviados al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso ERE, sí lo detectaron, estando la mayoría de ellos "impagados" e iniciando por ello reclamaciones y las acciones judiciales correspondientes.
El ex director general, de igual modo, ha indicado que las ayudas sociolaborales superiores a 450.000 euros y a 1.200.000 nunca pasaron por el Consejo Rector de IFA/IDEA y por el Consejo de Gobierno, respectivamente, porque, según ha explicado, no eran pagos de IDEA sino de Empleo y porque estas ayudas eran consideradas individuales y nunca superaron esas cantidades. En este sentido, ha admitido que nunca conoció un informe de la intervención apuntando que las ayudas sociolaborales tenían que ser consideradas en su cómputo total no lo recibido por cada trabajador.
Por último, ha afirmado que IDEA nunca tuvo intervención en la concesión de las ayudas, ni tenía acceso a los expedientes administrativos de la Dirección General de Trabajo, desconociendo su gestión. Igualmente, ha declarado que el desfase en las cuentas de IFA/IDEA venía provocado por la diferencia entre los compromisos asumidos por la Dirección General de Trabajo y los fondos finalmente recibidos por la agencia para el pago de las mismas.
