OTURA (GRANADA), 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de IU en Otura (Granada), Ángel Pertíñez, ha considerado este lunes que "los ciudadanos de la localidad no pueden seguir pagando la responsabilidad civil y los abogados de aquellos que, además de defraudar a la ciudadanía, robar el dinero de los vecinos de Otura, van a acabar en la cárcel por corruptos", coincidiendo con el comienzo del juicio a los exalcaldes Ignacio Fernández-Sanz y Pedro Cabanillas (PP) este martes en la Audiencia de Granada.
En un comunicado, Pertíñez ha indicado que su formación alertó en todo momento públicamente de las posibles infracciones, tanto en este caso como en el de la adquisición de unos solares para el Ayuntamiento por un precio "muy superior al recomendado" por los técnicos, y que le ha valido la condena reciente a los exalcaldes a ocho años de inhabilitación.
El también candidato de IU a la Alcaldía de Otura ha informado de que al parecer los acusados se quieren declarar culpables para "que se les reduzca la pena", y la responsabilidad civil la pague el pueblo, por lo que ha censurado "cualquier estrategia del PP de cara al juicio que perjudique al pueblo de Otura".
Asimismo, Pertíñez ha indicado que los responsables del "desfalco de las arcas municipales y de haber creado una deuda de más de veinte millones de euros han de asumir su responsabilidad, y que caiga todo el peso de la Justicia sobre ellos".
Además, ha reclamado al presidente del PP y candidato a la alcaldía de Otura, José Luis Ros, "que dé explicaciones claras sobre las prebendas recibidas por el partido y sus miembros".
El caso que llevará este martes a Cabanillas y Fernández Sanz a los tribunales se remonta al acuerdo para la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización en el Plan Parcial Sector 5 de desarrollo de las Normas Subsidiarias en julio de 2007, a pesar de que, según IU, "conocían perfectamente que este proceder era contrario a la normativa urbanística vigente por no haberse finalizado las obras".
Más tarde, el 1 de octubre de 2007, la junta de gobierno local decidió de forma unánime conceder licencia de ocupación para 46 viviendas en la misma urbanización, "aunque no estaban terminadas y las obras no habían sido aún recepcionadas por el Ayuntamiento de Otura".
Además, según recuerda IU, "se actuó en contra del criterio de la técnico municipal y se prescindió del preceptivo informe jurídico". Mientras que la concesionaria de la obra pública de urbanización pidió su recepción parcial, el arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable, "que volvió a ser ignorado por los miembros del gobierno otureño, quienes acordaron la recepción de las obras sin ninguna referencia a su carácter parcial, y con el mandato de que se corrigieran las deficiencias en el plazo de 90 días".
Sin embargo, fueron sólo 15 días los transcurridos para que la empresa afirmara que tales deficiencias habían sido corregidas, "lo que le valió al alcalde para poner fin al procedimiento y encargar a la técnico municipal que emitiera informe sobre la subsanación de las deficiencias".
"Una vez más, ésta constató que seguían sin presentarse documentos esenciales, y a informar en contra de la recepción, y, una vez más, el alcalde volvió a desoír las recomendaciones y procedió a la recepción total y definitiva de las obras de urbanización aun prescindiendo de las normas y garantías legales aplicables", ha concluido el cabeza de lista de la formación de izquierdas.
