SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IULV-CA ha propuesto una modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía para que todos los grupos de este Parlamento tengan representación en este órgano a partir del próximo mes de noviembre, fecha en la que toca renovar parte de los consejeros de la institución.
En rueda de prensa, la portavoz adjunta de IULV-CA, Elena Cortés, ha explicado que con esta modificación se pretende evitar que haya "tentaciones" por parte de PP o PSOE de "bloquear" la renovación de la Cámara de Cuentas para impedir la entrada de consejeros propuestos por Podemos y Ciudadanos.
"Ya tenemos un bloqueo en la renovación de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y no queremos que pase lo mismo en la Cámara de Cuentas", ha destacado la parlamentaria de IULV-CA, quien ha tildado dicho "bloqueo" de "anormalidad democrática".
Tras destacar que la última de las tres reforma que se han hecho a la Ley de la Cámara de Cuentas se llevó a cabo en 2011, Cortés ha dicho esperar que la toma en consideración de esta proposición de ley se debata en el próximo Pleno del Parlamento, que se celebrará los días 19 y 20 de abril.
Se trata de la segunda vez que IULV-CA plantea este texto en la presente legislatura. La primera vez que fue registrado en el Parlamento, fue desestimado por la Mesa de la Cámara por los votos en contra de los miembros de PSOE y Ciudadanos por lo que no pudo ser debatido para su consideración en el Pleno.
Cortés ha explicado que se trata de la adaptación del Reglamento de la Cámara de Cuentas a lo establecido por el Estatuto de Autonomía en cuanto a que el órgano fiscalizador no es un órgano técnico, como ha sido hasta ahora sino que es un órgano de control externo que actúa por delegación del Parlamento y a la misma vez se trata de obligar a la Cámara de Cuentas a estar fiscalizada y sujeta a control externo.
Según ha señalado, IULV-CA pretende actualizar esta normativa para adecuar la Cámara de Cuentas y su capacidad fiscalizadora a la nueva realidad de la Ley de la Administración de la Junta; exigir la rendición de cuentas como derecho ciudadanos, y adecuarse a la realidad de la administración electrónica.
Entre las medidas que se recogen en la propuesta de IULV-CA se encuentran la inelegibilidad de los cargos electos y de cinco años para quienes hayan tenido a su cargo cuentas públicas (ahora es mismo es de tres), o que el presidente pase a ser delegado mayor y solo pueda estar un periodo al frente de la institución.
Propone también abrir vías para la participación ciudadana en el control externo. Así se contempla la posibilidad de que los ciudadanos insten a la fiscalización a través del Defensor del Pueblo, la posibilidad de hacer propuestas y sugerencias al programa de actividades anual e incorpora a los órganos de participación existentes relacionados con los servicios públicos.
También demanda IULV-CA que el examen de la cuenta general se presente cuando llegan los nuevos presupuestos al Parlamento "y no con un desfase de dos años"; la ampliación de las funciones fiscalizadoras, mayor autonomía de la Cámara de Cuentas, rendición de cuentas del órgano, y la imposición de retenciones y sanciones disciplinarias a entidades, personas y autoridades por no colaboración.
DICTÁMENES EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El texto contempla que la Cámara de Cuentas pueda elaborar dictámenes en materia de lucha contra la corrupción y también se le otorga de capacidad para advertir y detectar nuevas formas y prácticas de corrupción política y administrativa.
Además de nuevas funciones como la observancia de la normativa ambiental y el equilibrio de género, se pide modernizar el trabajo de la Cámara en tanto pone el énfasis en la fiscalización de sistemas informáticos de gestión, de personal, de contratos, de tramitación y se introduce a quienes se financian mayoritariamente con fondos públicos aunque sean entidades privadas.
Además contempla las privatizaciones y concesiones desde el inicio del procedimiento para poder advertir de forma temprana los posibles riesgos; la necesidad de planificar cuatrienalmente una legislatura y no de año en año como hasta ahora.
En cualquier caso, dentro del Plan será la propia Cámara la que priorizase aunque el Parlamento debería ser quien aprobase ese plan cuatrienal. El objetivo de IULV-CA es que "se intente planificar una visión panorámica" del sector público andaluz y no sólo informar.
Por otro lado, el texto faculta a la Cámara de Cuentas para que haga mociones al Parlamento por iniciativa propia, como actualmente hace el Tribunal de Cuentas. De esta manera, cuando la Cámara detecte algo que debe cambiarse en el funcionamiento de la administración se lo comunicaría al Parlamento para que éste haga lo que considere pertinente.
