SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
La juez María Núñez Bolaños ha archivado la causa abierta contra un investigado en el caso de los ERE fraudulentos y ha reiterado que, en esta causa, han sido imputadas personas que, "valoradas en este momento sus circunstancias, lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas 'víctimas'" de esta 'macrocausa'.
En un auto fechado el día 29 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada archiva de este modo la causa abierta contra Antonio Isla Barba, trabajador desde el año 1995 del Grupo Nueva Rumasa, de la familia Ruiz-Mateos, a lo que se había opuesto la Fiscalía Anticorrupción.
La instructora entiende que el imputado entró a trabajar para el Grupo Nueva Rumasa en septiembre de 1995, trabajando en varias empresas del grupo y "reconociéndosele en todas las empresas" su antigüedad, por lo que "se confirma que se prestaba el trabajo" para este grupo y que en los cambios de empresa se "respetaba" dicha antigüedad.
Al hilo de ello, la juez considera procedente el sobreseimiento solicitado por la defensa del encausado "puesto que muy difícilmente se puede sostener que alguien colabora en la inclusión de intrusos si tales intrusos no existen y su inclusión en el ERE resulta legal, contrariamente a lo sostenido" por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La magistrada asevera que esta causa, que comenzó a instruir la juez Mercedes Alaya en enero de 2011, han sido imputadas personas que, "valoradas en este momento sus circunstancias, lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas 'víctimas'" de esta 'macrocausa'.
De este modo, agrega que en la 'macrocausa' de los ERE, "por sus dimensiones, ha resultado complicado descender al detalle de cada caso, ayuda o persona, pero tras la división resulta necesario hacer un estudio detallado de cada ayuda, de cada persona, ajustando a derecho la situación de cada una de ellas, personas imputadas en la 'macrocausa' inicial".
El pasado mes de marzo, la juez ya realizó estas afirmaciones en el auto donde archivó la causa contra cuatro personas imputadas por el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), en concreto Gonzalo Fuentes, integrante de la federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Málaga; José Cabrera, miembro del Comité de Empresa como secretario de la sección sindical de CCOO; Miguel Rodríguez, director del hotel, y Claudio Andrés Sendino, trabajador del mismo.
