El sindicato considera que se han llegado a poner en "riesgo" más de 1.000 millones de euros
SEVILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
Manos Limpias ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto en el que la juez María Núñez Bolaños archivó la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, como es la que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el sindicato pide a la Audiencia que anule el auto de la magistrada y mande proseguir las actuaciones con el procesamiento de las personas que firmaron las resoluciones de exoneración o exceptuación de justificación al entender que habrían incurrido en un delito de prevaricación continuada y que "se han llegado a poner en riesgo de justificación con esta delictiva práctica, a tenor de los atestados, más de 1.000 millones de euros".
Manos Limpias considera que el auto "no es ajustado a derecho" y "es gravemente lesivo para los intereses generales", ya que las resoluciones de exoneración, "contrarias a ley y aprobadas por las autoridades responsables que las firman, fueron constitutivas de un delito de prevaricación continuada, por cuanto aún dictadas equívocamente en sus fines, cumplieron su objetivo de torcer la Ley, moldeándola a necesidades políticas, laborales o cualesquiera otros intereses".
El sindicato entiende, como la juez, que "no puede extenderse la sombra de sospecha al conjunto de trabajadores públicos, habida cuenta la improbabilidad de que todos ellos se concertaran, y a la sazón, inexistencia de directrices generales en cuanto a las comprobaciones", pero considera que la exoneración "masiva, múltiple o plural decidida por las autoridades firmantes deben perseguirse criminalmente, habida cuenta que todos están sometidos al imperio de la Ley y no al imperio de las 'soluciones políticamente creativas'".
A su juicio, "es perfectamente factible que la adopción de 'componendas' reiteradas, anómalas e ilegales en el procedimiento administrativo pueda dar lugar a un delito de prevaricación, siempre sobre la base, determinada previamente, de cuál es el procedimiento concreto que se ha soslayado o que se tergiversa, a fin de concretar cuáles son los trámites de los que se prescinde y cuáles son los controles que se eluden, así como los efectos perniciosos de éstos".
"PATENTE" Y "GROSERO"
Manos Limpias señala que, en este caso, "la argumentación dada recuerda a la ofrecida políticamente en el caso de los ERE", ya que el sistema de concesión de ayudas socio-laborales "no permitía articular una solución a determinados trabajadores de empresas afectados por procesos de reestructuración o en crisis". "Existe un colectivo de personas afectadas que demandan una solución rápida y esa solución se busca desde el plano político, aún a riesgo de torcer la Ley y el Derecho", asevera.
"Con los presentes cursos de formación tenemos a otro colectivo, en este caso, de beneficiarios de subvenciones aceptadas y no pagadas, que demandan una solución rápida para comenzar a impartir la nueva formación y esa solución también se busca desde el plano político, torciendo la Ley y el Derecho", asevera el sindicato, que añade que "cuando la regla excepcional se convierte en regla general durante más de un lustro nos encontramos ante un desbordamiento de los márgenes de la legalidad patente y grosero".
Tras remarcar que "la ilegalidad es patente", Manos Limpias asevera que "no todo vale", y en este caso "no vale otorgar resoluciones de exceptuación a todo el mundo, a modo de bula papal para que se cobrasen las subvenciones sin reparo y sin previa verificación por Intervención de las anteriormente otorgadas, esto es, saltándose de modo masivo el sistema de control".
EL ARCHIVO
"Las autoridades firmantes tenían clara conciencia de la ilegalidad y arbitrariedad que implica una excepción generalizada, anómala en sus propios términos, disimulada con una motivación artificiosa que la dotaba de una apariencia de legalidad y que además se venía a reproducir año tras año y que solo paró a resultas de la operación policial, produciendo un menoscabo a la integridad de la Administración como organización sujeta a fines marcados por el ordenamiento", concluye.
La juez archivó la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía al entender que "no se ha constatado la existencia de una red clientelar" y que únicamente se habrían producido "posibles irregularidades administrativas", todo ello en un auto donde criticaba tanto la labor investigadora realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la actuación de la acusación particular ejercida por el PP-A.
