SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
Juan Antonio Carrillo Donaire, perito de parte propuesto por la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha expresado este miércoles en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla en la conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que la Intervención General tenía "la llave" para cerrar "el grifo" de los fondos destinados al pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis investigadas.
Así ha respondido después de que el fiscal anticorrupción haya preguntado a los peritos de parte qué papel tenía la Consejería de Hacienda respecto a los informes del Control Financiero Permanente --sistema de fiscalización-- de los entes públicos, como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, encargado de materializar el pago de las ayudas con fondos allegadas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, en virtud del convenio marco de julio de 2001.
Cabe recordar que los informes del Control Financiero Permanente de IFA/IDEA, desde el correspondiente al ejercicio 2003 (conocido en 2005) ya recogían el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación así como que se estaban concediendo ayudas "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
Pues bien, Carrillo ha explicado que el papel de la Consejería de Hacienda era de "mero testigo" porque era "receptora sólo del informe definitivo", no de adicionales ni provisionales, para "su conocimiento", tanto los de IFA/IDEA como los correspondientes a cada uno de los 170 entes públicos.
"Es testigo porque en Hacienda está el grifo -de los fondos--, que es la Tesorería, no la llave. La llave está en la Intervención General con el informe de actuación, siendo el único 'input' que puede suscitar, ya sí, la competencia no resolutiva de elevación al Consejo de Gobierno".
Al inicio de la sesión de este miércoles Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha comentado los informes que ha usado en los que se pueden encontrar sus tesis o argumentos sobre cuestiones abordadas en la prueba pericial. Así, ha expresado que no recuerdan informe del Gabinete Jurídico "en relación con lo que estaba sucediendo". Por contra, sí existe un informe de la letrada jefe de la Cámara de Cuentas que "manifiesta lo contrario" a la IGAE y que no fue tenido en cuenta en el informe de fiscalización de las ayudas elaborado por la Cámara de Cuentas.
Igualmente, ha comentado el informe encargado por la Junta al despacho de abogados Garrigues, en el que, entre otras cuestiones, se decía que "no se podía usar las transferencias de financiación para pagar las ayudas; que las subvenciones debían ser fiscalizadas por el interventor delegado en Empleo; o que "subvenciones y ayudas a efectos de su análisis eran usados como sinónimos".
Sobre este informe de Garrigues, ha indicado que también señalaba que "no existía una delegación de competencias expresa" para que el director general de Trabajo concediera las ayudas en lugar del consejero de Empleo y que era "preciso" el establecimiento de un procedimiento de concesión aunque fuesen ayudas excepcionales. Además, el informe pone de manifiesto que "se ha eludido el control" de las ayudas y que los beneficiarios de las mismas eran las empresas.
"CÚMULO DE DEFICIENCIAS"
De otro lado, Turrión ha confirmado que IFA/IDEA pagó ayudas de los ERE con cargo a otros programas presupuestarios diferentes al 31L, comentando que las 270 ayudas analizadas tenían "un cúmulo de deficiencias que nos llevó a la conclusión de que se había prescindido del procedimiento legalmente establecido".
En este sentido, el fiscal ha expuesto ejemplos de ayudas pagadas con fondos de programas distintos al 31 como el 22A de Fomento Empresarial, el 54B de Desarrollo Tecnológico o el 32H del Servicio Andaluz de Empleo en los años 2000, 2004 o 2005.
A este respecto, Turrión ha añadido que el director general de Trabajo "el sistema que tenía era asumir compromisos de concesión de subvenciones por encima del crédito presupuestado para tal fin porque no remitía los expedientes de concesión al interventor delegado de Empleo".
IFA PAGÓ AYUDAS ANTES DE RECIBIR LOS FONDOS DE EMPLEO
De otro lado, ha asegurado que IFA/IDEA adelantó el pago de las ayudas concedidas por importe de 908 millones de pesetas a Jerez Industrial según convenio de 28 de junio de 2000 antes de que recibiera los fondos por parte de la Dirección General de Trabajo. IFA/IDEA hizo hasta cuatro pagos por valor de 678 millones de pesetas. Los 908 millones coinciden con una modificación presupuestaria realizada por la Consejería de Empleo el 28 de julio del citado año.
Del análisis de la contabilidad de IFA/IDEA, la IGAE concluye que el ente público hizo el primer pago antes de la aprobación de la modificación presupuestaria; el segundo, antes de que la Dirección General de Trabajo tramitará el expediente de gasto de la transferencia de financiación; y los dos siguientes, antes de recibir la transferencia de los fondos.
"Sólo el último pago se efectuó después de que IFA/IDEA recibiera los fondos. Entonces me pregunto en qué agiliza el uso de las transferencias de financiación los pagos de las ayudas y para que necesitó la Consejería de Empleo la transferencia de financiación con los fondos de la modificación presupuestaria, pues para restituir los fondos anticipados por IFA/IDEA", ha expuesto Turrión.
En este sentido, Juan Zornoza, perito propuesto junto a Miguel Ángel Martínez Lagos por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ha respondido que si IFA/IDEA pagó es "porque la Dirección General de Trabajo concedió previamente las ayudas" y ha añadido que el uso de las transferencias de financiación "no cambia en nada los mecanismos de control, esta ayuda es la prueba empírica".
Además, a su juicio, se demuestra la "agilidad" al usar un ente público porque al contar con un presupuesto estimativo puede adelantar los créditos que "luego compensa con una transferencia de la Consejería".
En todo caso, ha aclarado que "quien realiza el acto de concesión y genera la obligación de pago es la Dirección General de Trabajo, quien firma el convenio con IFA/IDEA, por lo que Hacienda no pinta nada".
En otro bloque de preguntas, Turrión ha confirmado que todas las "irregularidades" recogidas en el informe adicional de Control Financiero Permanente de 2003 de la intervención delegada tras analizar una veintena de expedientes de ayudas eran extensibles a las 270 ayudas. Entre otras, la ausencia de normativa reguladora, de solicitud de las ayudas, pagos a las asociaciones de trabajadores, la no acreditación de los beneficiarios de no contar con otras ayudas o la falta de memoria justificativa.
Además, las subvenciones no se registraron en la base de datos, competencia del órgano gestor, en este caso la Dirección General de Trabajo; no existían justificación de las empresas de estar al corriente de obligaciones legales; la omisión de la fiscalización previa; las ayudas no tuvieron publicidad como recoge la normativa vigente; la falta de delegación de competencias para que el director general concediera las subvenciones, pues antes del convenio marco de 2001, por ejemplo la de Hamsa, las firmas el consejero de Empleo.
Turrión, asimismo, ha indicado otra irregularidad no recogida por la intervención como la existencia del pago de rentas vitalicias o de pagos cruzados por "orden" del director general de Trabajo, "llevando al límite la inadecuación del sistema administrativo establecido". Además, con estos pagos cruzados se contraen obligaciones sin crédito ni posibilidad de reflejo en la contabilidad de Empleo ni de IFA/IDEA.
