SEVILLA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha aseverado este jueves que solo el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo es defendido a día de hoy por letrados contratados por el Gobierno andaluz, situación que el PP-A le ha instado a revocar dado que "las circunstancias del caso han cambiado". Al respecto, Jiménez Barrios ha sostenido que es el servicio jurídico de la Junta el que tiene la autonomía para revocar esa decisión.
Así lo ha manifestado el vicepresidente en comisión parlamentaria en respuesta a una pregunta planteada por la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero relativa a los altos cargos y ex altos cargos con competencias en materia de empleo, innovación empresarial e industria defendidos por letrados o por abogados contratados por la Junta.
La parlamentaria del PP-A ha defendido que el Gobierno andaluz debería dejar de abonar los letrados de Vallejo porque "las condiciones desde que se le concedió han variado radicalmente y ese derecho se puede revocar perfectamente".
Se ha referido así al hecho de el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria, haya abierto juicio oral y haya impuesto una fianza de 1.180.000 euros al exconsejero por el préstamo participativo de esa misma cantidad concedido en el año 2008 a la empresa Servivation S.A.
Además, la popular ha recordado que en el informe del letrado de la Junta al respecto "alertó de que tuvo un día para emitir el informe jurídico para decidir si Vallejo tenía derecho o no a esa defensa jurídica, y también puso en evidencia que ni siquiera contaba con toda la información disponible para ello".
De su lado, Jiménez Barrios, que ha explicado que actualmente solo Vallejo cuenta con representación legal abonada por la Junta, ha indicado que los demás cargos en causas judiciales "tienen sus propios abogados y solicitarán las indemnizaciones correspondientes en función de la sentencia judicial" y, por tanto, "no se ha abonado ninguna cantidad".
Tras explicar que con anterioridad se hizo un pago de unos 18.000 euros por la defensa del exdirector general de Trabajo Daniel Rivera, el vicepresidente ha insistido que en el caso de Vallejo "es la asesoría jurídica de la Junta la que tiene que tomar la decisión" porque es la que marca los criterios de la defensa de los altos cargos "y tiene la fiabilidad de que sus informes son los que dan pie a las resoluciones que hagan las autoridades públicas".
"En el caso de Vallejo, contaba con el informe favorable de los servicios jurídicos, y si ahora tienen que reconsiderar su posición, será en el ámbito de su estricta autonomía donde decidan hacerlo", ha sostenido Jiménez Barrios, quien ha garantizado que el trabajo de la Junta es "de respeto a las decisiones de los servicios jurídicos y judiciales".
