PP y Podemos critican la sanción al testigo protegido en cursos de formación y Junta dice que no hay segundo expediente

Publicado 12/06/2018 20:21:24CET

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP y Podemos han criticado la sanción impuesta al testigo protegido
que denunció un presunto fraude de los cursos de formación, Teodoro Montes, algo calificado de "acoso" por la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, mientras que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha asegurado que no hay segundo expediente disciplinario a este funcionario.

En sendas preguntas en comisión parlamentaria, Podemos y PP han preguntado por dicho testigo protegido en la causa de la formación, ante lo que el consejero ha explicado que no se le ha abierto segundo expediente y ha indicado que el expediente se le abrió a Montes "no por no haberse abstenido ante una recusación, sino porque se le requirió la documentación dos veces y no la dio".

Por ello, ha apuntado que se trata de un expediente "puramente administrativo" al "existir posibilidad de vulneración normativa" por parte de Montes y le ha recordado al PP que "la macrocausa de la formación sigue archivada por los juzgados, de causas, sólo queda la archivada por los juzgados y la que está en su imaginación", ha indicado a Ruiz Sillero.

Ha explicado que el pasado mes de abril se incoó expediente disciplinario por si la conducta de Montes era susceptible de ser falta disciplinaria.

Carnero ha explicado que se presentó en la Delegación Territorial de Sevilla una recusación contra este funcionario en relación con la tramitación de una solicitud en la convocatoria de cursos de formación profesional para el empleo de la provincia sevillana. Ha añadido que la recusación "se basaba en la enemistad manifiesta alegada por el administrado, con motivo de haberse iniciado trámite judicial consistente en una querella criminal por injurias y calumnias, sin conciliación previa".

Ha añadido que tras citar al funcionario y analizando el expediente, el instructor estima la solicitud de recusación por "enemistad manifiesta entre el funcionario y el representante de la entidad solicitante".

Carnero ha insistido en que "además, para poder recuperar el expediente relativo a la solicitud de cursos formativos de la entidad y poder entregarlo a otro funcionario, se tuvo que realizar dos requerimientos, aparte del inicial, para que el recusado devolviera dicho expediente".

Por su parte, la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero considera una
situación "grave" que se presente una recusación por parte de CCOO y Forem en relación a una subvención de formación profesional. A su juicio, "es preocupante que un testigo protegido y que a raíz de su denuncia se abriera una macrocausa, haya sido acosado por parte de la Junta, y aproveche la mínima oportunidad para seguir presuntamente acosándolo".

"Ahora le abren expediente sancionador, parece un ensañamiento contra una persona y escama mucho ese especial ensañamiento, cuando este funcionario es testigo protegido de la Justicia y tiene que tener esa especial protección", ha añadido Ruiz Sillero, quien critica que la Junta "tiene antecedentes en purgar a los funcionarios que denuncian los casos de corrupción" y ha lamentado que "mientras, esa anunciada oficina de prevención de la corrupción no se pone en marcha".

Ruiz Sillero ha indicado que la Junta alega que Montes no había cumplido los requerimientos y por ello había sido sancionado, ante lo que cree que "·entonces la Junta debería ser sancionada porque no cumple los requerimientos de la Justicia y tarda meses y años en enviar lo requerido".

Por su parte, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe, quien ha preguntado expresamente sobre si existe segundo expediente sancionador hacia Montes, ha aludido a la existencia de la Directiva europea 2015/23-92 que, aunque no ha sido transpuesta, debe ser cumplida y aplicada por todos los poderes públicos españoles sobre protección de las personas denunciantes de casos de corrupción, y ha lamentado que en Andalucía "con los testigos denunciantes la Junta no se ajusta a las reglas de la directiva comunitaria".

"Cualquier Gobierno, aparte de cumplir la ley, debería tener mucho tacto y proteger a cualquier denunciantes, máxime cuando es considerado como tal por los tribunales", ha añadido el diputado de Podemos, quien recuerda que esta directiva europea obliga a la protección de este tipo de denunciantes y testigos "y no puede haber medida disciplinaria contra estos funcionarios".

Asimismo, Yagüe, considera "raro" el tratamiento hacia este funcionario, pues se ha preguntado "a cuantos funcionarios a los que se les ha planteado una recusación y han entendido que no procedía, pero después la autoridad laboral ha dicho que sí procede, han sido sancionados". "No tenemos constancia ni hay antecedentes de que se sancione a un funcionario porque no haya admitido en primera instancia una recusación, cuando se ha visto que después sí era procedente", ha insistido este diputado, para el que "todo ello ofrece una imagen pésima".