Los auditores declaran que "nunca" recibieron órdenes de Gómez, ni sus hijos, y que "faltaba documentación" del año 2006
CÓRDOBA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El director financiero del grupo de empresas de Rafael Gómez, en la entidad desde 1994, ha dicho ante el juez este miércoles que el empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba y sus cuatro hijos acusados de supuesto impago de unos 60 millones de euros en impuestos, "no se preocupaban" de los asuntos contables, ni intervinieron en el departamento de contabilidad.
Así lo ha expresado en la segunda sesión del juicio en el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, que se ha prolongado unas cuatro horas y que continuará este jueves con nuevos testigos, en un caso en el que el empresario se enfrenta a penas que suman 44 años de prisión, por la supuesta comisión de once delitos contra la Hacienda Pública, tras el presunto impago de unos 60 millones de euros en impuestos durante unos cuatro años, supuestamente por él y sus cuatro hijos.
En este sentido, el director financiero ha asegurado que desde la familia "nunca" le preguntaron cómo habían tributado y no sabe si eran conscientes de lo que tributaban, a lo que ha añadido que "nunca" se reunía el consejo de administración y si celebró alguna reunión con Gómez era para abordar algún tema de tesorería. También, ha apuntado que él ha tenido "poder para las operaciones concretas".
Además, ha detallado que la incorporación de las empresas auditoras fue "en buena medida" a sugerencia de las entidades financieras, como consecuencia del volumen que adquiría el grupo, al tiempo que ha comentado que no recuerda que los auditores dijeran que fueran excesivas las provisiones de 2006, año en el que ante "los problemas" con entidades financieras, derivados de la detención de Rafael Gómez en el caso Malaya y "el riesgo" que veían sobre tal situación, donde "se debían más de 2.000 millones de euros", ello obligó a la venta de activos, según su relato.
Por su parte, el jefe de contabilidad, que llegó a tener a diez personas a su cargo, ha subrayado que "nunca" recibió órdenes referidas a la contabilidad por parte de Gómez, ni sus hijos, y cuando tenía dudas se dirigía a los asesores externos, en un momento de "un nivel de financiación elevado", según ha señalado, para remarcar que él y el director financiero fueron quienes eligieron a la empresa auditora.
Al respecto, sobre el ejercicio 2006, ha afirmado que dieron a dicha empresa "un balance cerrado para auditar", de manera que ha dicho que no tiene constancia de que la entidad dijera que faltaba documentación, a lo que ha añadido que "se hacía todo lo que el auditor decía", cuyos informes eran "limpios", según su testimonio, en el que ha destacado que "siempre" fue proporcionada la información que pedían y que no tiene conocimiento de que las decisiones contables fueran sometidas al consejo de administración.
"NO HA HABIDO OCULTACIÓN"
Mientras, uno de los asesores fiscales externos, que ha trabajado con Gómez durante 30 años, ha mantenido que "nunca" ha recibido instrucciones de los acusados sobre declaraciones de impuestos, en las que "no había habido ocultación alguna", según ha detallado el asesor, quien ha manifestado que la declaración del Impuesto de Patrimonio del año 2004 no la presentó porque "el programa informático impedía imprimirlo", al no estar "dentro de los límites" para presentarlo.
Otro de los asesores externos ha insistido en que "nunca" recibió instrucciones de Gómez, "ni hubiera permitido" que le dijeran cómo tenía que trabajar, a la vez que ha indicado que el empresario y sus hijos no le preguntaron cuánto habían tributado.
Entretanto, los auditores que han declarado en esta sesión han explicado que "nunca" recibieron órdenes de los procesados en cuanto a las declaraciones de impuestos, ni se reunieron con ellos, sino que mantenían la comunicación con el director financiero y el jefe de contabilidad, al tiempo que han puntualizado que en el ejercicio 2006 no pudieron terminar su trabajo, "porque faltaba documentación", que atribuyen a "las circunstancias complicadas del grupo", que "se vino abajo", afectado por "el caso Malaya".
LA DECLARACIÓN DE GÓMEZ E HIJOS
Cabe recordar que Rafael Gómez ha manifestado el lunes ante el juez que no sabe de temas de contabilidad y que en sus empresas firmaba lo que le ponían por delante los asesores y trabajadores de la oficina, al tiempo que ha apostillado que no sabe qué es el IRPF.
Tras esgrimir que no tiene "ningún estudio", ha mantenido que "en ningún momento" se reunió el consejo de administración de las sociedades, ni celebró alguna reunión familiar para abordar las cuentas de sus empresas, así como que "en ningún momento" se metió en temas de contabilidad, porque "no entiendo", han sido sus palabras.
Al respecto, el empresario ha comentado que confiaban en los empleados a la hora de ponerle por delante papeles para firmar. "Pensábamos que era lo justo y considerábamos que eran maravillosos haciendo su trabajo", ha argumentado el exedil del Consistorio.
En concreto, ha detallado que llevaba una empresa de joyería y por "las circunstancias" del momento impulsaron empresas constructoras, con las que hicieron "grandes proyectos", porque, ha agregado, "yo veía las cosas claras", al tiempo que los hijos le "ayudaron", según ha relatado Gómez, quien ha apuntado que sus hijos "no saben ni se han ocupado" de los temas de contabilidad.
También, ha explicado que "nunca" han repartido beneficios, sino que se dedicaban a que "la empresa creciese, crease el mayor número de empleos y que fuese bien", ha indicado el empresario, quien ha valorado que han hecho "cosas maravillosas para las personas de este mundo", a través de la construcción.
En relación a los hijos, han declarado que desconocían los temas de contabilidad, porque hacían "lo que los profesionales decían", de modo que confiaban en dichos profesionales que les ponían papeles por delante para firmar, al tiempo que han destacado que el nivel de vida era "normal", con sus casas con hipoteca, entre otros aspectos que han detallado.
Además, han afirmado que "jamás" celebraron una reunión del consejo de administración, ni sabían que hubiera beneficios o pérdidas y que tenían unos sueldos de unos "4.000 euros" al mes, que cobraban "por transferencia", según han expuesto los hijos. La madre fue llamada por el juez, ante la responsabilidad civil que pudiera tener, por "haber disfrutado de beneficios", precisó el magistrado, aunque no declaró al ratificarse en sus testimonios de la fase de instrucción.
MÁS DE SIETE AÑOS DE INSTRUCCIÓN
En el auto de apertura de juicio se recogen los once delitos contra la Hacienda Pública que se atribuyen a Gómez por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, de tal forma que el fiscal solicita 44 años de prisión para el empresario por supuestamente defraudar 58,3 millones de euros con el supuesto impago de impuestos a través de cuatro empresas.
Igualmente, la Fiscalía acusa a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales, pidiendo para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, el Ministerio Público pide en su calificación una multa para Gómez que podría llegar a 350 millones de euros. La actuación se inició por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio de 2009.
Los delitos supuestamente se cometieron entre los años 2003 y 2006 a través de las cuatro empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Las cantidades presuntamente defraudadas en cada uno de los once casos por los que se le acusa irían desde 690.000 euros a 25,5 millones, sumando en total 58.388.000 euros.
