Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 23/07/2009 14:51
El Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el médico del centro de salud del barrio de Palmete, en Sevilla, que el pasado jueves recibió "diversas agresiones verbales y amenazas de muerte" por parte de varios usuarios de una misma familia que le increparon tras exigirle que le atendiesen y recetasen un fármaco de forma urgente.
Fuentes del Colegio de Médicos de Sevilla anunciaron hoy a Europa Press que el citado juzgado ha admitido a trámite "esta misma mañana" la denuncia interpuesta por el galeno Emilio T., toda vez que confiaron que durante la instrucción de esta causa los hechos "puedan considerarse como delito de atentado contra la autoridad pública en durante el ejercicio de sus funciones en lugar de encauzarse como un mero juicio por faltas".
Precisamente hoy, el galeno en cuestión accedió a contar su caso durante una rueda de prensa celebrada en el Colegio de Médicos sevillano, tal y como ya explicó ayer en declaraciones a Europa Press el propio afectado.
Este facultativo, que se encuentra de baja laboral, explicó que los hechos se produjeron el pasado jueves sobre las 14.00 horas cuando un usuario solicitó "de forma urgente y en tono exigente" que le recetasen un fármaco, a lo que el galeno le conminó a que esperase al comienzo de la consulta, "ya que el medicamento solicitado no era urgente y aún estaba preparando la consulta, puesto que no hacía ni cinco minutos que acababa de entrar en mi turno y aún faltaba media hora para que comenzase la consulta", relató el propio médico.
Pese a ello, prosiguió este facultativo, "este usuario me insultó y empujó en varias ocasiones", motivo por el que llamó a la Policía Nacional. "Poco tiempo después, los padres de este usuario regresaron a la consulta, esta vez pidiéndome que fuese atendida de forma urgente la madre del mismo usuario, a lo que accedí, aunque a continuación me volvieron a exigir que les recetase el fármaco que me había pedido su hijo y que no denunciase el caso, bajo amenazas", concluyó.
Ante estos hechos, el presidente del Sector Sanidad del sindicato CSI-F (antiguo CSI-CSIF) en Sevilla, Fernando Castelló, también anunció ayer en declaraciones a Europa Press que los servicios jurídicos de la central sindical se personaran en este caso "como acusación particular", al objeto de que estos hechos se juzguen "como un delito de atentado contra la autoridad pública y no como un simple juicio por faltas".