SEVILLA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha destacado este jueves durante su comparecencia en Comisión de Salud que en 2016 no se realizarán contratos al 75 por ciento de jornada laboral para seguir avanzando en la recuperación de los derechos de los profesionales que trabajan en el sistema sanitario público andaluz, toda vez que ha negado que "haya amiguismo" en la selección de cargos intermedios, cuyo modelo de contratación actual "es abierto, claro y transparente".
En este sentido, y en una debate agrupado a petición de los grupos parlamentario C's y PSOE, Alonso ha defendido que la política de personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS) representa un "gran esfuerzo" y se encamina a mejorar las condiciones laborales y la conciliación familiar y laboral de todos los trabajadores de la organización sanitaria.
Asimismo, ha expresado que uno de los pilares básicos de la sanidad pública andaluza es "el alto nivel de cualificación y compromiso de los profesionales" y que desde la consejería se han venido mejorando distintos aspectos de la gestión de personal y revirtiendo otras condiciones que "la crisis y el Gobierno central nos habían obligado a modificar transitoriamente".
En este sentido, Alonso ha recordado que en 2014 se actualizó el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SAS, que marca las previsiones de necesidades del sistema y el horizonte al que se dirigen las medidas que se adoptan respecto a los profesionales de la sanidad pública.
Asimismo, ha resaltado que en Andalucía se está desarrollando la mayor oferta de empleo sanitario del conjunto del país, con la convocatoria de 3.282 plazas, y que, en consonancia con los sindicatos del sector, se ha solicitado la eliminación de la tasa de reposición para las ofertas públicas de empleo en sanidad. En paralelo, se ha puesto en marcha un concurso de traslado en el que se han ofertado 4.604 plazas para permitir la movilidad entre centros del personal actual.
PERSONAL EVENTUAL
En cuanto a los nombramientos eventuales de profesionales a tiempo parcial, el consejero ha recordado que se trata de una fórmula que empezó a aplicarse en 2012 debido a la imposición de la jornada laboral de 37,5 horas semanales, cuya aplicación implicaba necesariamente la reducción del número de trabajadores eventuales, o sea, el despido de alrededor de 7.000 personas.
En esa coyuntura, desde la consejería se adoptó la decisión de mantener los nombramientos eventuales a un máximo del 75 por ciento de la nueva jornada ordinaria, con lo que se consiguió preservar el volumen de empleo del personal eventual.
Asimismo, la Junta asumió el compromiso de revertir la situación en cuanto fuera posible, lo cual ha empezado a ser una realidad en febrero de este año, cuando más de 8.000 trabajadores eventuales que estaban a tiempo parcial fueron nombrados al cien por cien de la jornada laboral. En la actualidad, cerca de 10.000 profesionales han revertido su situación, y los que restan también serán nombrados al cien por cien de la jornada antes de que finalice el año.
Respecto a los cargos intermedios, el consejero también ha expuesto, a petición de algunos grupos parlamentarios, el contenido del articulado relativo a la selección de cargos intermedios incluido en el Anteproyecto de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En este sentido, ha afirmado que "en ningún caso el modelo de contratación actual de cargos intermedios es de amiguismo, sino que es abierto, claro y transparente".
En este sentido, ha explicitado que el articulado persigue diversos objetivos, entre los que se encuentra que no exista discriminación en el acceso a puestos de responsabilidad de profesionales que hayan adquirido la condición de personal estatutario sobre plaza vacante, a través de un proceso que garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales recogidos en el artículo 23 de la Comunidad Europea.
Del mismo modo, el artículo pretende acomodar reglamentariamente la obligación de los estados miembros de la Unión Europea, en el sentido de que ninguna legislación nacional puede limitar la oferta, el acceso y el ejercicio del empleo por ciudadanos europeos originarios de otros estados miembros. Igualmente, persigue que los estados miembros tengan en cuenta los años trabajados en un empleo similar, sin que se pueda otorgar un trato diferente, que no esté justificado por razones objetivas.
Junto a ello, el espíritu del articulado también es garantizar que el proceso selectivo de un cargo intermedio, como un jefe de un servicio asistencial, sea definitivo o temporal, se encuentre debidamente regido por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, tal como se recoge en la normativa europea.
SAS "NO PUEDE PERMITIRSE NO CUBRIR ADECUADAMENTE" ESTOS PUESTOS
Por último, Alonso ha valorado que "una organización del tamaño del Sistema Sanitario Público de Andalucía no puede permitirse no poder cubrir adecuadamente sus necesidades de cargos intermedios, que facilitan el funcionamiento diario en cada centro y unidad de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía".
Por su parte, la diputada popular Catalina Montserrat García ha asegurado que las sentencias en contra del SAS por la designación de cargos intermedios "no tienen su efecto en la Junta", y "llevan incumpliendo la ley y las sentencias mucho tiempo". En este sentido, explica que "han abocado a sindicatos y profesionales a ir a la justicia, y les ha dicho que el SAS no puede designar por libre designación los puestos intermedios".
"No entendemos por qué no hay un diálogo real con los sindicatos y las asociaciones profesionales, por qué les tiene que dar la razón los tribunales y siguen pleiteando con el dinero de todos los andaluces", se pregunta la diputada popular, que insta a "corregir" esto en la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, "donde hay que devolver el protagonismo a los profesionales".
PODEMOS PIDE UNA GESTIÓN DE LOS PROFESIONALES "DENTRO DE LA LEY"
En este sentido, y en su intervención en el debate agrupado en el que se han planteado estas cuestiones, el diputado de Podemos Juan Antonio Gil de los Santos ha pedido una gestión de los profesionales del SAS "dentro de la ley", toda vez que apuesta por una "mayor" profesionalización y "crear mecanismos" para no otorgar cargos de manera aleatoria.
María Isabel Albás Vivas de C's ha destacado la responsabilidad que conlleva estar al frente de una Unidad de Gestión Clínica (UGC), "fundamentales para el correcto funcionamiento del SAS", requiere de profesionales, por lo que apuesta por que "haya más batas y menos corbatas". Además, señala que los profesionales "no quieren" que puestos de libre designación "los ocupen gente de confianza de los jefes de turno", y recuerda que en el acuerdo de investidura "se limitaron los cargos de libre designación a subdirector general".
Inmaculada Nieto de IU pide que este modelo "jerárquico" de las UGC que "está contestado y ganado en los tribunales por quienes no lo comparten acabe fijado en un ley" que "impida otra manera de ver cómo proveer esos puestos". Y, continúa, en el trámite de la ley "intentaremos que lo que se recoja en ese artículo responda a un modelo que dé una posibilidad a la toma de decisiones algo más colegida y que sea una persona fija al margen de maniobras, no comprometido por la incertidumbre de su futuro laboral".
Por último, desde el PSOE han manifestado su "satisfacción" por el anteproyecto de ley de sostenibilidad, cuyo plazo de alegaciones está abierta hasta el 15 de octubre, recuerda, al tiempo que argumentan que por parte del PP "esperaban una reflexión de carácter más general sobre la tramitación de este anteproyecto". Aunque, precisan, "Rajoy cuando llegó dio hachazos a la sanidad pública a base de decretazos", por lo que "no aceptan de buen grado una iniciativa como ésta".
