Andalucía implanta 62 medidas de las 92 incluidas en el marco de la CORA

Andalucía Implanta 62 Medidas De Las 92 Incluidas En El Marco De La CORA, Con Un
EUROPA PRESS/MINHAP
Actualizado: jueves, 28 abril 2016 15:21

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que de las 92 medidas del Informe de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), y a fecha de febrero del presente año, la Junta de Andalucía ha aceptado, o han sido aprobadas por normativa, un total de 62, lo que supone una ejecución del 67,39 por ciento de esta iniciativa implantada por el Estado en 2012 y dirigida a "la mejora, simplificación y optimización del funcionamiento de las administraciones públicas", ha destacado.

Asimismo, la administración andaluza, a fecha de febrero del presente año, ha rechazado expresamente 26 medidas, es decir, el 28,26 por ciento, y está pendiente de comunicar su adhesión o pendiente de suscribir el convenio correspondiente en otras cuatro (1,09%), según ha precisado el delegado, que este jueves ha presidido en la subdelegación del Gobierno en Sevilla una jornada de trabajo sobre la implementación del plan de reformas impulsado por el Gobierno de España a través de la Comisión de Reforma de las Administraciones.

Sanz ha informado igualmente de que, a nivel estatal, de las 222 medidas incluidas en la CORA, un total de 193 se han cumplido ya, es decir, un 87 por ciento, "permitiendo un ahorro de 30.495 millones de euros al conjunto de los contribuyentes españoles". Asimismo, ha precisado que en el conjunto de las administraciones públicas se han suprimido un total de 2.348 entes durante la pasada legislatura.

En este sentido, ha afirmado que uno de los compromisos del Gobierno de España en la pasada legislatura era la reforma estructural de las administraciones públicas y, a fecha de febrero de 2016, "es un compromiso cumplido", con la implantación del 87 por ciento de las medidas aprobadas en 2012.

Finalmente, el delegado ha puesto en valor que esta "gran reforma" ejecutada por Gobierno de España ha permitido "corregir las ineficiencias, duplicidades y gastos innecesarios de las administraciones públicas, logrando un ahorro importante a los ciudadanos, además de dar mejores servicios a la sociedad poniendo las administraciones a su servicio y ofrecer mayor transparencia".

REFORMAS EN ANDALUCÍA

En cuanto a las 26 medidas rechazadas por la Junta de Andalucía, de las 92 que les afectan, Sanz ha explicado que entre éstas está, por ejemplo, la racionalización de los Defensores del Pueblo (y similares) y de los Órganos de Control Externo (OCEX), la propuesta de integración de las oficinas en el exterior de las CCAA en las oficinas administrativas del Estado en el Exterior y la mejora de la coordinación con las comunidades autónomas en materia de cooperación para el desarrollo mediante firma de convenio específico de fondo humanitario entre el Estado y las comunidades autónomas, entre otras.

Respecto al ámbito educativo, las medidas rechazadas por la Junta de Andalucía son compartir la Plataforma de Gestión de Centros Educativos, lograr la conectividad entre las evaluaciones, unificar el sistema de gestión de becas generales, supresión de duplicidades en ficheros y Registros Públicos de universidades y traspaso pendiente de profesores de Religión de Infantil y Primaria a las comunidades de Andalucía, Aragón, Canarias y Cantabria.

En el ámbito deportivo, las medidas no implantadas son la creación de una Asociación Nacional de Deporte Universitario con personalidad jurídica propia y la licencia deportiva única.

En cuanto a las iniciativas no aceptadas referentes a Empleo está, entre otras, la elaboración y puesta en marcha de un acuerdo marco en el Sistema Nacional de Empleo, para el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) y todos los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, que reduzca todos los procedimientos de contratación en uno solo; la realización coordinada de los trámites de inscripción de la demanda de empleo y de solicitud de prestación por desempleo; o la coordinación de las actuaciones en materia de Formación Profesional (FP) realizadas por las administraciones educativas y laborales de ámbito estatal y autonómico.