Creen que se debe a la intención de "poner los espacios exclusivamente al servicio de intereses ganaderos y cinegéticos"
SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La asociación Ecologistas en Acción se encuentra en conversaciones con WWF-Adena y con SEO-Birdlife para reclamar de manera conjunta que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana no apruebe el próximo 17 de julio el documento definitivo que regula el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) en el caso de que se mantenga la rebaja del nivel de protección detectada en algunas fincas.
El portavoz de Ecologistas en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha indicado a Europa Press que pretenden, en este sentido, que no se le baje la protección a "ni una" y que en los casos detectados --Matagorda, Caracoles y El Moralejo-- están incluidas en el Parque Nacional y en espacio protegido.
"Creemos que es una rebaja para poner los espacios exclusivamente al servicio de intereses ganaderos y cinegéticos, para que inmediatamente pasen a ser cotos de caza", ha vaticinado Romero, que lamenta que hayan "sacado de la chistera" este aspecto "cuando en el documento presentado en marzo en absoluto se hablaba de esto".
Para el portavoz de Ecologistas, "es una estrategia perfectamente calculada"; también pretende que a la causa se adhiera la Estación Biológica de Doñana, "muy crítica el día de la reunión de las comisiones de trabajo pero que a la hora de la votación no dijo nada".
Tanto el PORN como el PRUG permitirían establecer objetivos de futuro para este enclave natural, adecuados a la declaración de Zona de Especial Conservación de la Red Europea Natura 2000. La novedad consiste en que toda la superficie protegida de Doñana contaría así con un único Plan de Ordenación de Recursos Naturales, que incluiría el Parque Nacional, así como un solo Plan Rector de Uso y Gestión, en vez de los dos actuales.
Estos documentos se han podido consultar en el portal web de la Consejería, de acuerdo con el proceso de información pública, para la presentación de las correspondientes alegaciones. Con ello se ha pretendido facilitar y garantizar a los ciudadanos, de forma "transparente y accesible", toda la información recogida en dichas declaraciones.
