SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía Martín Soler se ha acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, aunque ha presentado un escrito en el que se desvincula de la ayuda de 450.000 euros a Avantia Ticsa que le imputa la instructora.
La magistrada Mercedes Alaya amplió recientemente la imputación a Martín Soler y le atribuyó la autorización de pago de la subvención de Avantia Ticsa, concedida por la Consejería de Empleo el 15 de marzo de 2010 por importe de 450.000 euros con cargo a los fondos de la Consejería de Innovación, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que el exconsejero, aunque se ha negado a declarar, ha presentado un escrito en el que defiende su "completa falta de participación" en dicho expediente y asegura no haber tenido vinculación ni relación con el mismo, pues además explica que el expediente se inició después de que él fuera cesado como consejero.
Martín Soler ya compareció ante la juez el pasado día 17 de junio, aunque ese día también se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que Alaya le imputara dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones solicitó medida cautelar alguna para el imputado, al igual que ha ocurrido este lunes.
