SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que se encuentra encarcelado en Sevilla-I desde el pasado día 10 de marzo a cuenta de su presunta implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha pedido su puesta en libertad sin fianza tras no poder reunir los 250.000 euros de fianza que le impuso en julio la juez Mercedes Alaya.
El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha informado a Europa Press de que ha sido en la mañana de este jueves cuando ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla este escrito, en el que solicita a la juez su puesta en libertad sin fianza "al no poder hacer frente" a la cantidad fijada por la propia magistrada el pasado mes de julio.
En este sentido, ha solicitado también la libertad sin fianza del exalto cargo "por una cuestión de equilibrio y equidad" entre los distintos imputados en la causa, pues hay que recordar que, el pasado mes de julio, la juez dejó en libertad con cargos tanto a los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera como al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.
Ello se produjo tras el cambio de criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no pidió el ingreso en prisión de ninguno de ellos a pesar de sí haberlo solicitado anteriormente en los casos del propio Guerrero y del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que abandonó la cárcel el pasado mes de agosto tras abonar 450.000 euros de fianza.
Hay que recordar que, una vez la juez le impuso la referida fianza de 250.000 euros, la esposa de Guerrero llegó a enviar incluso un mensaje de texto desde el teléfono móvil de éste último a su círculo de amigos y conocidos para que le ayudaran a pagar dicha cantidad. No obstante, la medida no surtió el efecto deseado y ahora el abogado confía en que la magistrada lo deje en libertad provisional sin fianza.
CUENTAS Y PROPIEDADES EMBARGADAS
Y es que, como defiende Fernando de Pablo, su cliente tiene todas sus cuentas y propiedades embargadas, y no dispone de esa "elevada" cantidad, motivo por el que continúa en prisión.
En el auto dictado en julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya decretó de oficio la libertad de Guerrero, en primer lugar, "por elemental principio de equidad y equilibrio entre las partes, presuntamente corresponsables de los hechos que se investigan", todo ello tras el auto dictado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en el que decretaba la libertad bajo fianza de 450.000 euros del exconsejero de Empleo de la Junta, "bajo cuyas órdenes estuvo" el propio Guerrero.
En segundo lugar, la magistrada dice que Guerrero "lleva privado de libertad varios meses, y aunque existen sólidos indicios de su participación en los hechos especialmente graves que se le imputaron en su día, debe reconocerse que, en comparación" con los responsables de la Consejería de Empleo y de la Dirección General de Trabajo que han declarado con posterioridad, las aportaciones de Guerrero "han sido las más esclarecedoras y coincidentes con la documentación obrante en la causa".
LA PRISIÓN "NO DEBE MANTENERSE SINE DIE"
La juez dice que "esta situación en conjunto, debe ser valorada, pues de un lado debe imponérsele los mecanismos necesarios para asegurar que no va a tratar de eludir la acción de la justicia, pero tampoco debe mantenerse 'sine díe', como desde el inicio era pensamiento de esta instructora, la situación de prisión provisional" de Guerrero, "aunque en el momento en el que se adoptó, tal y como ocurrió en el caso de Fernández, se consideraba una medida necesaria".
Además de la fianza de 250.000 euros en metálico, determinó que compareciera ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla todos los lunes "en horas de audiencia" y cada vez que fuera llamado, mientras que le prohíbe abandonar España y acuerda que se le retire el DNI y el pasaporte.
La magistrada envió a prisión a Guerrero el pasado día 10 de marzo imputado por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
