El juzgado suspende cautelarmente la licencia de obras de las Atarazanas

 
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Patrimonio histórico

El juzgado suspende cautelarmente la licencia de obras de las Atarazanas

Reales Atarazanas de Sevilla
EUROPA PRESS
Actualizado 21/10/2016 17:43:51 CET

SEVILLA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha accedido a la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), para que la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento hispalense para la restauración y adaptación de las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), sea suspendida a la espera de la resolución del litigio emprendido por el colectivo.

   El recurso de Adepa, formalizado el pasado 27 de mayo y recogido por Europa Press, se dirige contra "la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada" interpuesto por la asociación ante el Ayuntamiento, precisamente contra la concesión de la citada licencia de obras. Del mismo modo, se dirige también contra "la Consejería de Cultura" porque la citada licencia de obras "no puede otorgarse sin el previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico".

   En su argumentación, y entre diferentes aspectos, Adepa señala "la irreversibilidad de las obras que se pretenden acometer, especialmente en la fase inicial de refuerzo de la cimentación, preceptiva y previa para acometer la obra", tratándose las Reales Atarazanas de un recinto declarado monumento histórico artístico y bien de interés cultural, según recuerda el colectivo.

   En su recurso, Adepa solicitaba además la apertura de una "pieza separada" destinada a resolver su petición de que, como medida cautelar, fuese suspendida la mencionada licencia de obras. "Podemos encontrarnos ante una futura y contradictoria situación en la que se estime nuestro recurso declarando la ilegalidad de la obra y, sin embargo, no se pueda ejecutar la sentencia por los daños irreversibles producidos sobre el edificio", avisaba Adepa a la hora de solicitar dicha medida cautelar.

   En esa pieza separada, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha emitido este pasado jueves un auto, recogido por Europa Press, en el que admite la medida cautelar solicitada por Adepa y suspende la citada licencia de obras, porque "la ejecución de las obras afectarían de forma irreversible al edificio" y, de ser iniciada la obra pero prosperar el fondo del recurso de la organización conservacionista, "el recurso perdería la finalidad al pretender la protección y conservación del edificio, que no se podría asegurar".

   El auto detalla, entre otros aspectos, que el proyecto en cuestión contempla "128 perforaciones" sobre las pilastras del monumento, elemento "esencial" del mismo, con lo que "es indudable que, de ejecutarse la obra y dictarse una hipotética sentencia estimatoria, el daño ya ser habría hecho y sería imposible de reparar". La hipotética extracción de las 128 barras en las pilastras asociadas a tales perforaciones, según el auto, "dejarían inevitablemente huella sobre el edificio, que quedaría marcado para el futuro", por lo que "dada la singularidad del edificio y la afectación que podría sufrir, prevalece el interés residente en la protección" del monumento.

   "La instalación de los micropilotes afectaría a los yacimientos arqueológicos, en cuanto a que supondría atravesar verticalmente el suelo, con 289 perforaciones, desconociendo lo que hay en su interior", abunda el auto, según el cual los micropilotes "afectarían a los restos arqueológicos" y aunque podrían ser desmontados, "dejarían señales en el edificio y podrían destruir restos arqueológicos". Así, el juzgado justifica la adopción de esta medida cautelar, exponiendo que debe "prevalecer el interés general de la protección del patrimonio histórico, frente al interés de la ejecutividad de los actos administrativos".

LAS ATARAZANAS

   El proyecto de restauración y adaptación del monumento, promovido por la Junta de Andalucía como titular del mismo y la Fundación La Caixa como entidad concesionaria de su gestión, ha sido diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra y ha desencadenado un intenso conflicto a cuenta del rechazo de los colectivos conservacionistas.

   El diseño plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.

   Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo tachan de "crimen patrimonial". Principalmente, critican que la iniciativa no recupere la cota original del monumento y prevea "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.

   Además, critican la previsión de incorporar "micropilonos de hormigón a los pilares originales", lo que a su juicio supone "introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra" del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón "no salvaguardan el patrimonio arqueológico" del monumento.

EXCAVACIONES JUNTO A LA MURALLA

   Dado el caso, la Consejería de Cultura y la Fundación La Caixa han anunciado que el proyecto incorporará una excavación en la parte de la muralla almohade con una superficie de 1.200 metros cuadrados, que permitirá la recuperación integral de la muralla hasta la cota original de las atarazanas primitivas.

   Al respecto, el informe emitido por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés) señala que el proyecto de intervención adolece en mayor o menor medida de una "carta de riesgos, estudios previos y un plan director", recomendando "suspender" la actuación hasta la redacción de tales documentos, para someter después el proyecto a las determinaciones de la carta de riesgos o el plan director.

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