SEVILLA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los trabajos de Gas Natural en el entorno del parque de Doñana, donde la empresa aspira a ampliar el gasoducto ya existente en 24 kilómetros más, así como a habilitar un almacén de gas en el subsuelo del espacio, llegarán hasta el Europarlamento a causa del traslado de esta cuestión a la Comisión Europea por parte del portavoz de EQUO en la Cámara, Florent Marcellesi.
Concretamente, éste preguntará cómo puede el Gobierno de España autorizar este proyecto, como hizo al concederle las autorizaciones pertinentes en el año 2013, sin que se hayan valorado de manera conjunta las repercusiones ambientales que el mismo tendrá en un espacio que es Patrimonio de la Humanidad y perteneciente a la Red Natura 2000.
"La infraestructura que pretende poner en marcha la filial de Gas Natural en Doñana choca frontalmente con buena parte de la normativa europea, tanto en lo concreto, obviando varias directivas, como en lo que respecta al modelo energético que debemos impulsar desde Europa, alejado del tradicional basado en combustibles fósiles", ha señalado Marcellesi, cuya formación se incluye en la coalición Primavera Europea.
Recuerda que desde las instituciones europeas, y así lo recoge su normativa, se promueve la eficiencia energética como "aspecto esencial de la estrategia europea para un modelo sostenible en el horizonte 2020" y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un objetivo que lleva intrínseca la potenciación de un modelo basado en la reducción del consumo energético a partir de fuentes fósiles y la apuesta por las energías limpias, "que difiere totalmente del que Gas Natural quiere poner en marcha, y más teniendo en cuenta el escenario elegido para el mismo: un lugar de especial valor ecológico".
Así, se remitirá a la posibilidad de la paralización de las obras "atendiendo al principio de cautela y prevención que rige la normativa ambiental europea". "Es lo que habría que hacer, no dejar que las máquinas sigan excavando hasta que no se determine la validez de las autorizaciones, que se concedieron por partes, y cuando aún no se habían aprobado el actual Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que determinan la incompatibilidad de esta actividad con este espacio", ha señalado por su parte la coportavoz de EQUO Andalucía, Isabel Brito.
Ésta considera que la paralización cautelar de las obras es la única manera de garantizar que la compañía no esgrima después el trabajo ya realizado --y la inversión ejecutada-- "para lograr los permisos que aún no tiene".
