SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla ha validado una moción de IU contra la precariedad de jóvenes investigadores y una enmienda a la misma del grupo de Ciudadanos que concreta el respaldo al colectivo de ayudantes doctores y contratados doctores interinos de la Universidad de Sevilla (US) en la adaptación automática, por acuerdo de la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (Civea) del convenio único, a la figura de contratado doctor.
Dicha propuesta ha sido aprobada por unanimidad, según han informado a Europa Press fuentes de la federación de izquierdas, que en su texto exponía que desde el inicio de la crisis --desde 2010 a 2016-- el Estado español redujo su inversión en I+D en 2.845 millones de euros y se perdieron más de 10.000 investigadores.
"El ingente esfuerzo para formar a este capital humano se ha dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos, que sí garantizan la continuidad de sus instituciones y sistemas. Aquí, por el contrario, parecemos incapaces de retener a una generación que había alcanzado niveles internacionales en su formación y experiencia profesional", lamenta IU.
En concreto, la formación propone instar al Gobierno Central a impulsar la investigación, desarrollo e innovación y valorar la pérdida de recursos humanos y materiales de investigadores e investigadoras jóvenes; y a la Junta y al Estado, a eliminar totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D.
También se pretende la elaboración de un censo de aquellos jóvenes del municipio que han tenido que verse obligados a marcharse en busca de proyectos, contratos o becas que les permitan continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas en España, "con la pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares de origen desde el punto de vista económico y social".
Asimismo, se insta al Gobierno a evaluar el impacto que tiene la pérdida de investigadores en el país y adquirir el compromiso de dar estabilidad a las carreras investigadoras de los jóvenes, "que permitan que el potencial de transformación social que suponen revierta en nuestras universidades, centros de investigación y hospitales públicos".
Por último, se insta al Estado español a tomar las medidas necesarias para combatir la precariedad, especialmente juvenil, "entendida como una imposición desde el empleo o falta de éste, falta de recursos, vivienda, oportunidades, acceso a servicios y salidas en igualdad para construir un futuro desde su condición de jóvenes, y poner todos los medios al alcance de ayuntamientos y comunidades autónomas para frenar el éxodo y revertir la precariedad".
