PP-A dice que el decreto de reordenación del sector público busca "blindar" al PSOE ante una posible derrota electoral

Esperanza Oña
PP-A/EP
Actualizado: miércoles, 17 noviembre 2010 15:43

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, ha asegurado el Gobierno andaluz pretende con el decreto-ley de reordenación del sector público andaluz "blindar" al PSOE-A ante una posible derrota electoral, fruto de un "cambio de tendencia" que muestran las últimas encuestas realizadas en la comunidad.

En rueda de prensa, Oña ha indicado que su formación defenderá en el próximo pleno del Parlamento, que se celebrará los días 24 y 25 de este mes, y a través de una pregunta oral, la derogación inmediata de este decreto que "niega la igualdad de oportunidades de los trabajadores y pretende evitar la libre concurrencia, dos derechos constitucionales".

Asimismo, la portavoz 'popular', que ha destacado el rechazo de su formación a este decreto desde "el minuto uno", ha insistido en que éste supone un "atentado a la democracia y a los derechos de los funcionarios". Además, ha valorado el hecho de que la manifestación del pasado sábado fuera respaldada por unas 40.000 personas.

De igual modo, ha acusado a la Junta de querer negociar únicamente son los sindicatos "afines", --UGT y CCOO--, y de "excluir" al resto. Ha destacado que el portavoz del PSOE en el Parlamento "ha llegado a decir que los sindicatos que protestan están pagados por el PP". "¿También hemos pagado a las 40.000 personas que asistieron a la movilización?", se ha preguntado Oña.

La dirigente 'popular' también ha criticado que la Junta haya asegurado que el decreto persigue una mayor eficacia y austeridad en las empresas públicas. "Esto es falso porque sólo se ahorrará en tres años 111 millones, lo que supone un 0,7 por ciento sobre el total. Son 500 millones lo que a Andalucía le cuestan cada año las empresas públicas", ha añadido.

Finalmente, ha subrayado la falta de diálogo por parte del Gobierno andaluz que asistirá a la Mesa General de la Función Pública, que se celebrará este jueves, habiendo asegurado que el decreto "entrará en vigor, pase lo que pase, el próximo 1 de enero".