SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A ha anunciado que si el PP-A no rectifica en su acusación sobre presunta "financiación ilegal" del Partido Socialista por el asunto de la sede municipal de Camas (Sevilla), recurrirá "a las acciones legales que sean precisas para defender el honor del Partido Socialista".
El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ha hecho este anuncio al hilo de que el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, pidiera ayer explicaciones "inmediatas" al PSOE-A sobre si se ha beneficiado gratuitamente de una sede en el municipio sevillano de Camas, gracias a uno de los "intrusos" en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), lo que, "de confirmarse, podría vincular directamente al PSOE-A con un caso de presunta financiación ilegal".
En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Mario Jiménez ha indicado que ha quedado demostrado que el PSOE está financiando la sede local de Camas con una hipoteca firmada con La Caixa, que está pagando la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE sevillano.
Según Mario Jiménez, no se puede acusar al PSOE "a diestro y siniestro" ni desde un medio de comunicación ni por parte de responsables políticos, como Antonio Sanz o el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, sin demostrar lo que se está diciendo, "sin pruebas y sin ninguna base para poder hacerlo".
"Estamos en un estado de derecho y para acusar hay que aportar pruebas", según ha advertido el portavoz parlamentario, quien ha querido dejar claro que el PSOE está "pagando religiosamente" la sede del partido en Camas. "Lo que dice el PP es una infamia", ha sentenciado Jiménez, quien ha exigido a los dirigentes populares una rectificación.
Asimismo, el portavoz socialista ha manifestado que el paso que ha dado la Junta personándose como acusación en la causa sobre los ERE para perseguir las irregularidades y establecer las pertinentes responsabilidades es muy importante para la defensa de los intereses generales de los andaluces. Se demuestra claramente, a su juicio, que la Junta está a la cabeza en la persecución de las irregularidades y quiere que den "con sus huesos en la cárcel los responsables que hayan cometido un fraude y que se hayan aprovechado de una posición de privilegio para obtener un beneficio ilícito".
"La Junta va a perseguir las irregularidades caiga quien caiga y está demostrando tener una actitud mucho más proactiva, eficaz y responsable que la oposición, a la que lo único que le preocupa es el ruido, el escándalo e intentar trasladar una imagen de causa general contra las políticas sociolaborales", según ha señalado.
Para Jiménez, al PP no le interesa la verdad, sino "criminalizar a los gobiernos socialistas de Andalucía y a los miles de ciudadanos que se han beneficiado de unas políticas y que han podido salir adelante porque en justicia les correspondía una ayuda de la Junta por el cierre de su empresa". "Estar dentro de un expediente de regulación de empleo no es ningún lujo ni un privilegio, como pretende vender el PP", ha apuntando.
Preguntado sobre si prevén un imputación del también ex consejero de Empleo José Antonio Viera, Jiménez se ha limitado a apuntar que "no existe ninguna razón, ninguna información ni acción de carácter judicial que señale a Viera en ninguna dirección".
EXPLICACIONES DE VIERA
De otro lado, Jiménez ha indicado que el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y diputado autonómico, Juan Ignacio Zoido, todavía no ha dado explicaciones por la "adulteración" de los listados de prejubilados en el ERE de Minas de Riotinto.
Ha anunciado que el PSOE va a recabar a la administración central la documentación relativa al ERE de Riotinto para conocer los listados de prejubilados porque creemos que hay una "responsabilidad directa de Zoido en la manipulación y adulteración de los censos", durante su etapa como delegado del Gobierno en Andalucía.
"Si eso se demostrara, estaríamos ante una irregularidad y corrupción en la gestión de los ERE", ha indicado Jiménez, quien ha señalado que Zoido dijo públicamente que se había revisado expediente por expediente y prejubilado por prejubilado.
Según Jiménez, si se confirma que hay prejubilados que no deben estar en el listado del ERE de Minas de Ritotinto y no cumplían con los requisitos que establecía el Estatuto minero y que en esa revisión que hizo Zoido no se detectó, "estaríamos claramente ante un proceso corrupción y de malversación de los recursos públicos porque unas personas habrían accedido a una prejubilación sin cumplir los requisitos que establece el ordenamiento jurídico al respecto".
