Castreño cree que todo responde a "un error", explica que ha hablado ya con Montoro y confía en una "modificación" de la orden ministerial
SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño, ha avisado este martes de que la orden ministerial que autoriza la constitución del consorcio de la zona franca hispalense "no responde exactamente" a lo pactado entre las partes para dicho proyecto. En concreto, precisa que la Autoridad Portuaria no figura como miembro del consorcio gestor y estarían incompletas las previsiones relativas a la financiación inicial del recinto, si bien considera que las incidencias derivan de un "error" y confía en una "modificación".
Este pasado lunes, coincidiendo con un acto público protagonizado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba una orden del ministerio de Montoro que autoriza la constitución del consorcio de la Zona Franca de Sevilla.
El proyecto, destinado al almacenaje, transformación y distribución de mercancías en 719.876 metros cuadrados de superficie del dominio público portuario del área de Torrecuéllar, implica la creación de un espacio de almacenamiento de mercancías comunitarias y no comunitarias exentas de impuestos aduaneros e indirectos, con el aplazamiento de los pagos hasta la venta o salida del género. Se trata, así, de la quinta zona franca de España, pues ya existen espacios similares en Barcelona, Cádiz, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria.
De cualquier manera, y según la orden publicada por el BOE y recogida por Europa Press, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autoriza la constitución del consorcio gestor de este espacio incluyendo en el mismo al Ayuntamiento y al Estado. El cuarto artículo de esta orden ministerial, no obstante, ciñe la constitución del consorcio de la zona franca, textualmente, a que el Ayuntamiento acredite "la concurrencia de los requisitos previstos en la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local", con el correspondiente "informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas".
EL PAPEL DEL AYUNTAMIENTO
La citada disposición adicional novena, conectada con la ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, estipula textualmente que las entidades locales sujetas a un plan económico-financiero "o de ajuste", como es el caso del Ayuntamiento hispalense, no podrán "adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o indirecta, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y demás entes".
De cualquier modo, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla ha manifestado este martes, en rueda de prensa, que la publicación de dicha orden ministerial en el BOE es una buena noticia porque constituye un avance en esta iniciativa, pero avisa de que "el esquema" la citada orden ministerial "no refleja" completamente el diseño negociado entre el Ayuntamiento hispalense, el ministerio de Montoro y la Autoridad Portuaria, en cuyos terrenos "nace íntegramente" el nuevo recinto, si bien corresponde al Consistorio la instalación de un cerramiento que necesita una inversión de 3.290.000 euros.
"No responde exactamente al modelo que se diseñó inicialmente", se ha encogido de hombros Carmen Castreño en referencia a la orden ministerial. Y es que, según avisa, la propia Autoridad Portuaria no figura como miembro del consorcio gestor del recinto pese a su "contribución" al proyecto. "La zona franca nace íntegramente en la zona portuaria y eso facilita el proyecto, al no ser necesario comprar o expropiar terrenos. Hay una economía de medios y sin presencia de la Autoridad Portuaria, la zona franca sería inviable", dice Carmen Castreño.
LA FINANCIACIÓN
Además, explica que si bien la orden ministerial recoge los posibles ingresos derivados de las "concesiones administrativas" relacionadas con los suelos de la zona franca, ingresos que según precisa corresponden a la Autoridad Portuaria, no sucedería lo mismo al "mantenimiento" del recinto, "nada más nacer", gracias el impuesto de sociedades devengado por las seis empresas ya instaladas en un espacio portuario incluido en el ámbito de la naciente zona franca.
Y es que, como ha explicado Carmen Castreño, "la mitad" del nuevo espacio que ahora nace corresponde a una zona portuaria "ya desarrollada" y en la que ya funcionan seis empresas concretas, entre ellas 'Sevitrade', TRH o Hispalense de Líquidos, toda vez que en estos mismos terrenos planea su instalación la sociedad limitada Reciclados Navales, que proyecta un centro de desguace de buques en un enclave de la antigua esclusa abarcado por el perímetro de la naciente zona franca. Castreño, no obstante, precisa que la Autoridad Portuaria promoverá una "consulta" entre todas estas empresas para aclarar si finalmente se acogen o no a los términos fiscales de la zona franca.
Carmen Castreño, en definitiva, entiende que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha cometido "un error" en la redacción de esta orden ministerial, probablemente porque la zona franca de Sevilla es la primera fluvial y está marcada por una serie de particularidades y se ha "dibujado una zona franca según las habituales", extremo que según dice ha tratado ya, aunque brevemente, con el propio Cristóbal Montoro. En ese sentido, confía en una "modificación" de la orden ministerial para solucionar esta incidencia.
