SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de UPyD en Andalucía, Martín de la Herrán, ha manifestado este jueves que considera "injustificable" que la Ley de transparencia tarde un año en entrar en vigor desde su aprobación y dos años para que ésta sea efectiva en las administraciones locales.
"La aplicación de este plazo excesivo e injustificado carece de argumentos y no se puede explicar en términos de adaptación técnica, la Junta intenta eludir situaciones sobrevenidas y evitar rendir cuentas y dar información comprometida sobre el pasado reciente", ha defendido en un comunicado UPyD, que ha registrado en la Cámara un paquete de propuestas y enmiendas para mejorar el texto del Proyecto de Ley, entre ellas, que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se nutra de los recursos, tanto humanos como materiales con los que ya cuenta la administración andaluza, mediante la reasignación de funcionarios procedentes de otros servicios.
Sobre el consejo, De la Herrán ha pedido a la Junta que especifique cuánto dinero va a suponer su creación y puesta en funcionamiento y qué requisitos va a exigir a las personas que lo compongan para garantizar su independencia.
Asimismo, el líder andaluz de la formación magenta ha recordado que su formación ya presentó enmiendas al anteproyecto presentado en 2013, al encontrar "numerosas carencias" en el mismo, como la ausencia de un régimen sancionador. En este sentido, UPyD se congratula de que el proyecto finalmente aprobado en Consejo de Gobierno incorpore cambios "sustanciales" con respecto al anteproyecto, recogiendo varias de las enmiendas presentadas.
UPyD propone introducir algunas precisiones técnicas tendentes a mejorar el texto y salvaguardar "con el máximo celo" el espíritu de la Ley, entre las que destaca la eliminación del carácter potestativo en la imposición de las multas a terceros vinculados a la Administración; la inclusión expresa de información de los nombramientos de asesores, personal de confianza, personal eventual y puestos de libre designación; la inclusión de los contratos menores en el régimen general de transparencia previsto para el conjunto de contratos.
Asimismo, reclaman la inclusión específica de información sobre las sedes, inmuebles y propiedades adscritas a la Administración y sus entes vinculados, tanto en régimen de alquiler como de propiedad; o la precisión del concepto en la información sobre las retribuciones recibidas por cargos públicos, explicitando que en ella deben incluirse todo tipo de percepciones dinerarias o no.
