Broto dice que hay que desarrollar la política de atención a menores "con valentía, en silencio y con prudencia"
ZARAGOZA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha apostado por alcanzar un pacto por el que tanto la Administración General del Estado, como las Comunidades autónomas se comprometan a cumplir la ley de atención a la dependencia, con "financiación" y "agilizando y flexibilizando" la tramitación de las prestaciones.
Broto ha deseado que este sea uno de los acuerdos que se adopte tras la creación de un grupo de trabajo pactado en la Conferencia de Presidentes para analizar la aplicación de la ley y su sostenibilidad, ha explicado la consejera en una entrevista concedida a Europa Press.
En tres meses, este grupo debe elaborar un estudio y plantear unas conclusiones. De él forman parte siete Comunidades autónomas, entre ellas Aragón, y sus propuestas se debatirán en una reunión en la que participarán los consejeros de Servicios Sociales y de Hacienda de todas las Comunidades, además del Gobierno central.
La responsable del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha abogado porque se logre un acuerdo que implique "dar respuesta a las Comunidades más envejecidas y con más dispersión geográfica", con el objetivo final de "ofrecer las mejores prestaciones" y que "haya más personas atendidas".
Broto ha añadido que la sociedad debe ver la dependencia "como un servicio necesario e imprescindible" y ha incidido en que hay que "convencer" a la Administración General del Estado en este sentido, de forma que haya "mayor aportación del Gobierno de España".
La consejera ha reclamado que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 incluyan para Aragón 17 millones de euros para recuperar el nivel acordado --que recibe cada Comunidad según el número de personas mayores, la dispersión y otros parámetros-- y los recortes aplicados desde 2012 del 15 por ciento.
Según ha dicho, sería una medida de "buena voluntad" por parte del Gobierno central, teniendo en cuenta que la Administración General del Estado en los últimos años ha dejado de invertir en la Comunidad 60 millones de euros al año.
MÁS DE 5.000 NUEVAS INCORPORACIONES
María Victoria Broto ha manifestado que desde que asumió su cargo ha trabajado para "dar la vuelta a la realidad que teníamos" en dependencia, ya que Aragón "era la Comunidad con un mayor desmantelamiento de la ley".
Desde julio de 2015, más de 5.000 personas se han incorporado al sistema, es decir, que "hemos atendido cada día a nueve personas más", frente a las de más de 7.000 que lo abandonaron en la pasada legislatura.
También se ha referido al esfuerzo presupuestario, con 200 millones de euros en 2016, mientras que el Estado ha aportado 31 millones, y 188 en 2015, año en el que el Gobierno de la nación contribuyó con otros 31 millones. Para 2017, hay un incremento en seis millones de euros y espera poder conseguir "una mayor cuantía" del Ejecutivo central.
MÁS PLAZAS
Broto ha mencionado, entre las mejoras concretas en materia de dependencia, el incremento de 350 nuevas plazas concertadas en residencias de personas mayores --suman un total de 1.500--, la puesta en marcha de la ayuda a domicilio para dependientes, con más de 1.200 plazas, y de la teleasistencia para este colectivo, mientras que en centros de día hay 250 plazas más.
La consejera ha añadido que "hemos planteado alrededor de mil plazas vinculadas al servicio", que es una consignación económica que se da a las personas para que puedan ir a un centro de día o a una residencia privada.
Broto ha defendido que las personas mayores dispongan de los servicios que precisan, "de acuerdo con lo que ellos y sus familias digan" y la oferta existente y, para eso, "hemos intentando incentivar" los centros de día, la ayuda a domicilio y el programa de promoción de la autonomía personal para dependientes leves y moderados.
Ha agregado que en esta legislatura han incrementado las prestaciones vinculada al servicio, que representan el 59 por ciento del total, frente a las prestaciones económicas en el entorno familiar, que son el 41 por ciento. En este punto, ha subrayado que atender la dependencia a través de los servicios supone "más calidad" y la creación de puestos de trabajo.
Asimismo, ha precisado que el importe de las prestaciones económicas lo fija el Gobierno central, si bien Broto ha comentado que están analizando en Aragón la posibilidad de aumentar la cuantía que se da a las familias, aunque no en 2017.
También ha expuesto que en la actualidad hay más solicitantes que atención a la dependencia de los que había en años anteriores "porque antes las familias no formulaban la petición", ya que no confiaban en que se les fuera a otorgar.
MÁS AGILIDAD
La consejera se ha fijado como reto la necesidad de "atender a más personas y agilizar los trámites" de forma que sean "más sencillos", para lo que hay mejorar la normativa. En este sentido, ha opinado que hasta ahora, por ejemplo, la fórmula que se debía de aplicar para el copago era muy "complicada" con el objetivo de "poner trabas" y que los ciudadanos "no tuvieran la prestación", y por eso en Aragón se ha modificado.
Broto también ha comentado que tras conseguir "pagar puntualmente" el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), los centros de servicios sociales están menos colapsados y se va a poder impulsar la tramitación de los expedientes de la dependencia.
VALENTÍA Y PRUDENCIA
En otro orden de cosas, Broto se ha referido a la política de atención a menores, que ha opinado que hay que desarrollarla "con valentía, en silencio y con prudencia".
Según ha recordado, el pasado 21 de febrero se crea una mesa técnica sobre el Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia en Aragón fruto de una iniciativa aprobada por unanimidad en las Cortes autonómicas. Además, se ha iniciado un proceso participativo en el que se evaluarán las políticas que se han realizado hasta ahora y la ley del menor, y se van a formular propuestas.
En este punto, la consejera ha considerado que "la sociedad ha cambiado" y también se ha modificado la ley estatal, que recomienda que los menores estén con familias y el desarrollo de políticas para modificar su entorno, en vez de enviarlos a centros especializados, salvo excepciones.
A su entender, "hablamos de lo más preciado que tenemos", de niños que están bajo la tutela del Gobierno de Aragón, y el objetivo debe ser lograr que "superen las limitaciones que tienen, mejoren su vida, tengan protagonismo y en el futuro sepan llevar a cabo su proyecto vital".
A finales de 2016, había en Aragón, 273 niños en acogimiento residencial y 198 en familias de acogida. En total, la Comunidad está interviniendo con 1.119 menores, si bien no todos son tutelados. Algunos de ellos tienen una declaración de riesgo porque se han advertido indicadores que hacen necesaria la intervención, pero no la tutela. Hay otros casos que están en estudio.
El Gobierno de Aragón colabora desde 2004 con la Asociación de Acogimientos Familiares (ADAFA) que ha permitido reforzar los acogimientos de urgencia.
En la actualidad, no hay ningún niño tutelado de cero a seis años que esté en el centro de jardín de infancia, sino que todos se encuentran en familias, mientras que cuando Broto llega al Gobierno "estaba lleno", algo que la consejera ha agradecido a quienes los acogen y a ADAFA. En la Comunidad, hay 50 familias acogedoras certificadas y 28 en valoración.
