ZARAGOZA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
Una auditoría realizada por la Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza desde principio de esta legislatura sobre el área de Infraestructuras que dirigía el ex consejero municipal, Antonio Becerril, revela que "lo hecho está ajustado a la ley de contratación de administración y no se ha detectado que intermediara, ni actuara para influir en la adjudicación de contrato alguno a las empresas", que aparecieron en el sumario de la 'Operación Molinos' y que recogieron los medios de comunicación "como una trama para gestionar contratos del Ayuntamiento".
Así lo relató el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, en referencia a la investigación interna que ordenó el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, tras la aparición en dicho sumario de las conversaciones de Becerril con el imputado Carmelo Aured, primo de la alcaldesa de La Muela, Victoria Pinilla, encarcelada desde hace más de dos meses por orden del juez de La Almunia que instruye la operación Molinos y que le atribuye nueve delitos económicos.
En rueda de prensa, el consejero municipal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, Francisco Catalá, relató que de los 145 contratos analizados, 54 corresponden a contratos mayores y 91 a contratos menores en los que "no se ha detectado ningún tipo de intervención por parte de nadie del Ayuntamiento para ir en contra del procedimiento normativo y todo es conforme a derecho".
Catalá explicó que los 54 contratos mayores pasan por la mesa de contratación puesto que la cuantía es de hasta 50.000 euros sin IVA, en la que participa la oposición, y las propuestas de este órgano "fueron aceptadas y ratificadas por el consejero Becerril que no cambió ninguna propuesta".
Respecto a los 91 contratos menores, que son de suministro y servicios por importe de 18.000 euros y que competen a los jefes de área, precisó que en "unos 7 u 8 contratos se ha detectado algún fallo administrativo en la contratación, pero sólo administrativo y no tienen consecuencias económicas, son meros problemas formales y que ocurre en el conjunto de las áreas municipales porque es fácil que haya algún error".
No obstante, Catalá anunció que para evitar estas "anomalías y disfunciones" en un futuro sobre los contratos menores se propondrá una fiscalización previa por parte de Intervención, ya que ahora sólo actúa a posteriori conforme a la normativa vigente.
Catalá quiso destacar que aunque la ley señala que en los contratos menores no es necesario consultar a más de una empresa, el Ayuntamiento "ya introdujo un mayor control en la tramitación por lo que exigía hasta tres ofertas de contratistas antes de proceder a la adjudicación".
El consejero municipal de Economía recalcó que "ninguna empresa de la trama de La Muela está entre las adjudicatarias" y apuntó que alguna de las que aparecen en el sumario y que citaba el propio Becerril "llevan más de 40 años trabajando con el Ayuntamiento".
Gimeno explicó que se han analizado los contratos desde el inicio de esta legislatura y no desde 2003 como solicitaba algún grupo municipal porque "el juez ha analizado un periodo concreto" para destacar que, desde la Intervención del Ayuntamiento se ha auditado un "periodo aún más amplio del que se recoge en las grabaciones" aparecidas en el sumario.
SIN CONSECUENCIAS PARA BECERRIL
El vicealcalde dijo que este informe interno del Ayuntamiento "no tiene consecuencias directas" para el ex consejero de Infraestructuras y Participación Ciudadana, Antonio Becerril, sino que "sirve de tranquilidad al Ayuntamiento y al propio Becerril".
Gimeno explicó que la decisión del alcalde Belloch del pasado 22 de abril de suspender provisionalmente en sus funciones de consejero municipal a Becerril "tiene que ver con la decisión del juez de La Almunia que ordenó a otro juez --el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado-- que investigara una parte del sumario". Dijo que "será la parte judicial la que marque las pautas" y quiso dejar claro que "hasta que no esté claro el proceso judicial no se determinará el regreso de Becerril al Gobierno de Zaragoza.
Respecto a la posibilidad de remitir esta auditoría de Intervención al juez Dolado, Gimeno indicó que "en principio no lo entregarán", al señalar que desde el juzgado tampoco les han requerido documentación, ni han citado a Becerril, quien desde entonces "sólo es concejal, sin competencias en el Gobierno de Zaragoza y está sometido a la disciplina del grupo municipal socialista".
La auditoría ha sido remitida a todos los grupos municipales de la oposición, agregó Gimeno, quien apostilló que "creo que todos sabían la conclusión".
Gimeno concluyó al avanzar que en el plazo de unos quince días dispondrá de la auditoría encargada también a la Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda, sobre la que también tenía competencias Becerril.
