Fernando Gimeno
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 30 marzo 2017 9:03

ZARAGOZA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón no cobrará este año el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable, aprobado con la reforma fiscal de 2015 y que afecta a las estaciones de esquí. El Pleno de las Cortes de Aragón lo ha aprobado con la abstención de Podemos e IU y el voto favorable del resto de los Grupos. También se ha modificado parcialmente el impuesto de sucesiones y donaciones.

Ha presentado este proyecto de ley de medidas urgentes en materia tributaria el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, quien ha recordado que el impuesto tampoco ha estado vigente en 2016 en aplicación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos.

Ha justificado la urgencia del proyecto de ley porque las empresas afectadas tendrían que liquidar el impuesto, de aplicarse, entre el 1 y el 20 de abril y se hubieran generado obligaciones de pago "indudables".

El diputado del PP, Antonio Suárez, ha preguntado al Ejecutivo por qué no deroga el impuesto, afirmando que este es "un buen ejemplo de cómo está gobernando Lambán", tras lo que ha considerado que Podemos sí defiende este impuesto. "Hay que tener atenciones con ese sector" económico.

El parlamentario socialista, Alfredo Sancho, ha apoyado esta medida por motivos económicos ya que "su influencia podría ser negativa" en un sector, el del turismo, que tiene "una gran importancia" en términos de empleo.

El diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha opinado que las empresas beneficiadas "deben poder compensar a la sociedad" y ha dejado claro que su Grupo no ve necesidad de seguir prorrogando la suspensión.

En representación del PAR, Elena Allué, ha comentado que este partido ya se ha pronunciado contra este gravamen para apoyar a un sector "estratégico", apuntando que el impacto económico en los valles donde están ubicadas las estaciones es de 140 millones de euros al año.

Javier Martínez (Cs) ha planteado la derogación de este impuesto para que el sector de la nieve no tenga "esa espada de Damocles todos los años", de ahí su voto a favor.

Carmen Martínez ha dicho que CHA ya apoyó la suspensión en 2016 y que este año "la situación no ha cambiado tanto como para no seguir manteniendo la suspensión".

SUCESIONES Y DONACIONES

Asimismo, este proyecto de ley incluye un artículo mediante el que se suprime un precepto de la normativa autonómica sobre impuestos cedidos, de manera que, en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones, el donante y el donatario no tendrán que residir, necesariamente, en Aragón en la reducción de la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y los hijos del donante.

El consejero Fernando Gimeno ha explicado que el Gobierno de España ha advertido de que este precepto vulnera los principios constitucionales y que así lo han entendido los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma, añadiendo que el impacto presupuestario "no es relevante".

El 'popular' Antonio Suárez ha dicho que la repercusión de esta supresión será escasa porque el Gobierno de Aragón se empeñó en que las reducciones "tuvieran un juego muy pequeñito", de forma que las donaciones "ni siquiera han llegado a la previsión presupuestaria" en 2016.

Alfredo Sancho ha observado que la modificación del impuesto responde a los acuerdos con el Ejecutivo central en la Comisión Bilateral Aragón-Estado.

Desde Podemos, Héctor Vicente ha lamentado que no se puedan decidir cómo aplicar los beneficios fiscales en base a criterios territoriales, indicando que la comunidad sufre un "menoscabo tributario".

La aragonesista Elena Allué ha dicho que si este apartado se ha declarado inconstitucional debe retirarse y ha aprovechado para decir que la "guerra abierta" en materia de este impuesto "no favorece nada a los aragoneses".

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha expresado que era necesario realizar esta adaptación del impuesto de sucesiones, recalcando que varias entidades se han manifestado en este sentido.

La parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, ha señalado que esta modificación adecuará la ley aragonesa a la normativa europea y que este asunto ya se ha abordado en la Comisión Bilateral.

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